La aplicación en Sevilla del primer reglamento del taxi en Andalucía (la Junta cerró el pasado día 28 un acuerdo para su aprobación) conllevará algunas novedades. En primer lugar, para que el Ayuntamiento atienda las reivindicaciones del sector y baje la ratio de taxis, tendrá primero que presentarle un informe de movilidad y viabilidad económica a la Junta, que emitirá su propio informe vinculante previa consulta al nuevo Consejo Andaluz del Taxi. Es decir, que si el Gobierno andaluz no cree justificado que se reduzca el número de taxis en Sevilla la medida no podrá salir adelante.
Así lo explicó a esta redacción Eduardo Tamarit, secretario general de Planificación, Ordenación del Territorio, Infraestructura y Movilidad Sostenible de la Consejería de Obras Públicas, quien señaló que el nuevo reglamento podría llegar al Consejo de Gobierno para su aprobación antes de diciembre y, a partir de su entrada en vigor, los municipios tendrán hasta 15 meses para adaptar sus normativas y desarrollar el reglamento, por ejemplo, con una ordenanza sobre las emisoras.
Según Tamarit, la administración andaluza no entrará en la regulación del sector dentro de la ciudad, pero sí tendrá una opinión vinculante cuando el Ayuntamiento le informe, por ejemplo, de la cuestión de la ratio.
El otoño pasado, el conflicto entre los taxistas y el Gobierno municipal provocó que sus protestas colapsasen el tráfico varios días. Precisamente una de sus reivindicaciones es que se reduzca en 104 el número de personas que trabajan en el sector.
Ante esto, el Consistorio ya anunció que encargaría informes independientes sobre la situación del servicio y los asalariados y que negociaría la reducción de la flota con un modelo de rescate de licencias en el que se redujese la aportación económica municipal. Incluso se apuntó la posibilidad de aprobar una nueva regulación que no suponga el despido de estas personas. Sin embargo, no se ha avanzado nada.
Con todo, una vez que entre en vigor el nuevo reglamento andaluz (que sustituye a una normativa de 1979), será la Junta la que tenga la última palabra sobre la ratio de Sevilla, con una flota de 2.140 taxis.
Tamarit, tras destacar el acuerdo unánime alcanzado con la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, la Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural y la Confederación Andaluza del Taxi-Costa del Sol, Al-Andalus, UCE-UCA, Facua, CCOO y UGT, sostuvo que el reglamento obliga al uso del taxímetro para todos los servicios, que las emisoras se regulen por ordenanza municipal y que, por ejemplo, varios municipios puedan compartir zonas de servicio. Además, se garantiza más transparencia en la transferencia de licencias. De hecho, la administración tendrá derecho de tanteo en el precio de la transferencia.
El reglamento, según la Junta, establece una serie de compromisos de usuarios y taxistas como la obligatoriedad de prestar sus servicios cuando les sean solicitados, seguir la ruta más directa, facilitar recibo o tener cambio que facilite el pago.
En la normativa se faculta, además, a los municipios para regular las condiciones de prestación de los servicios estableciendo, por ejemplo, zonas u horarios en los que debe garantizarse el servicio a la población. También se fija el principio de obligatoriedad de las tarifas oficiales que se establezcan, correspondiendo esta función a los ayuntamientos en relación a las tarifas urbanas y a la Consejería competente por lo que respecta a las interurbanas.
Faltan 90 vehículos adaptados.
El 5% de la flota de taxis tiene que ser de vehículos adaptados para poder dar servicio a personas discapacitadas. Así que Sevilla tendrá que incrementar el número de estos vehículos.
En la capital andaluza existen 2.140 taxis, pero sólo 17 coches pueden transportar sillas de ruedas o están adaptados para el transporte de personas con movilidad reducida. Es el 0,8% del total.
Así que el Ayuntamiento hispalense tendrá que, progresivamente hasta 2017, incrementar el número de taxis adaptados hasta llegar a los 107, lo que representa el 5% de la flota, el porcentaje que recoge el nuevo reglamento que aprobará la Junta, previsiblemente a final de año.
Fuentes municipales aseguraron que son conscientes de que tienen que "crecer" en este servicio para cumplir las normas autonómicas. De hecho, en 2017 Sevilla tendrá que cumplir este requisito.
Precisamente los titulares de taxis adaptados (que alegan tener gastos superiores al resto en combustible y piezas del vehículo) han amenazado con dejar de prestar servicio ante la retirada de las ayudas que hasta ahora tenían. En los últimos ejercicios recibían unos 4.000 euros en ayudas al año, pero el grifo se cerró en 2009.
