Desde el día 6 de diciembre, Atenas y las principales ciudades griegas son el escenario de manifestaciones y violentos enfrentamientos entre la policía y miles de estudiantes. El hecho desencadenante de la situación ha sido la muerte de un joven de quince años por disparos de un policía, ya inculpado por homicidio voluntario. Día a día la situación se ha ido agravando y la revuelta estudiantil se ha convertido en una protesta generalizada contra la política del Gobierno de derecha de Kostas Karamanlis.
Un análisis superficial y sectario pretende responsabilizar de todos los sucesos a grupos anarquistas y radicales de extrema izquierda, anticapitalistas y antisistema.
Pero lo cierto es que la protesta y la contestación se han extendido por todo el país y la huelga general del pasado día 10 paralizó las comunicaciones y afectó tanto a la actividad pública como a la privada.
Todos estos sucesos han puesto en evidencia la gravedad de la situación política griega. Superados los fastos de las Olimpiadas de 2.004, los escándalos de corrupción han afectado al Gobierno conservador, a instituciones como la Justicia e incluso a la propia Iglesia; y han dejado al descubierto la falsedad de lo que en su día se llamó el milagro económico griego.
La juventud helena, como la de otros países europeos, vive una situación especialmente difícil, agravada en el último año por la crisis económica mundial. La obtención de un título universitario o profesional otorga un estatus y un reconocimiento social, pero no garantiza un empleo seguro ni un futuro aceptable. La frustración y el desencanto se apoderan de los jóvenes por las dificultades que encuentran en el momento de iniciar su vida activa. Por ello, estas explosiones de cólera y violencia pueden tener una causa accidental, pero revelan una situación social preocupante, agravada aún más por la pasividad o dejación de la clase gobernante.
La revuelta griega ha sido observada y seguida con interés y preocupación desde otros países de Europa, ante el temor de un posible contagio y extensión de la protesta a otros lugares, en los que la juventud vive situaciones similares.
Las reformas educativas en curso, sobre todo el Plan Bolonia, y las dificultades que encuentran los jóvenes para encontrar una salida digna e independizarse de su familia (crisis económica, encarecimiento de la vivienda, empleo precario
y mal retribuído? ) son circunstancia que contribuyen a crear una situación explosiva que el menor incidente puede activar.
La juventud no es un problema; tiene problemas, muchos y de entidad y son los responsables políticos y la sociedad en general, quiénes deben buscar y proporcionar las soluciones adecuadas.
Pero siempre antes del estallido de la protesta y de la extensión de la violencia y contando siempre con los propios afectados y con su necesaria participación.
Antonio Ojeda Escobar es notario
