El anuncio de Cataluña de que sopesa aplicar una tasa por cada receta de medicinas y la decisión de varias regiones de quitar las tarjetas sanitarias a parados de larga duración y sin subsidio, medidas ambas que buscan o ingresar más o gastar menos, constituyen sendas vueltas de tuercas al sistema público del que depende nuestra salud, y abren aún más las puertas al copago, esto es, que los ciudadanos, además de con sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, pongan dinero de su bolsillo para financiar la sanidad. Pero, ¿de dónde se podría recortar más?
"A nosotros, que nos dejen, ya nos han esquilmado. Y que miren hacia otro lado, no sólo a las farmacias". Manuel Arenas Vargas preside el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos. Prefiere referirse a un "repago" y no a un "copago". Éste, según explica, siempre ha existido. ¿O es que el ciudadano no abona sus recetas aunque pague con sus impuestos la sanidad?
Que la prestación sanitaria sea más barata a las arcas públicas se puede conseguir por otras vías "y no seguir ahogando a las farmacias". Andalucía -comenta- es un ejemplo para el conjunto del país en fórmulas de ahorro, ahí queda el hecho de ser pionera en la generalización de la receta electrónica y en la prescripción tanto de genéricos como por principios activos, minorando la presencia de las marcas -léase, menos presión y facturas de las multinacionales fabricantes de fármacos-.
Arenas considera que, gracias a la tarjeta electrónica, no caben ya los abusos en el acopio de medicamentos -hasta fechas muy recientes las familias guardaban auténticas boticas en sus casas-, al dictaminar el tratamiento médico y la cantidad de medicinas. Sí apunta a los hospitales, allí cabría emprender más ahorros y llevar al ámbito público la eficiencia lograda en la empresa privada.
Fernando Faces, profesor de la escuela de negocios Instituto Internacional San Telmo, es claro al considerar que el copago sólo tendría como utilidad su "efecto disuasorio", concienciando a los ciudadanos de la perentoria necesidad de un "uso racional" de la sanidad pública. Sostiene, en cambio, que la potencia recaudatoria de esa medida sería insuficiente para contribuir decisivamente al recorte del déficit presupuestario soportado por el Estado y las comunidades autónomas.
Si los gastos que son evitables -"y los despilfarros en visitas médicas y medicamentos lo son"- no se erradican, agrega Faces, al final "obligarán" al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy a acometer otros ajustes más severos, entre ellos el salario de los empleados públicos e incluso las pensiones. ¿Pero qué hacer entonces?
En opinión del profesor de San Telmo, habría que "revisar las coberturas" actuales del sistema sanitario, fijar "un paquete básico" y "deslindarlo" de otros que quizás sí requerirían aportación dineraria adicional por parte de los ciudadanos. Y si se opta por el copago, concluye, se debería medir muy bien su importe. Un euro no es igual para un desempleado que para quien trabaja.
Iniciativas disuasorias las hay. Por ejemplo, la simulación de una factura para los pacientes que en Andalucía reciben servicios hospitalarios -esto es lo que han costado-. En otras comunidades, con fin exclusivamente recaudatorio, se cobra el denominado céntimo sanitario, que consiste en un gravamen adicional por cada litro de gasolina.
"Debería firmarse un pacto de Estado por la sanidad y que todas las regiones se pongan de acuerdo en cómo financiarla, y no que cada una salga pegando sus propios tiros". José Francisco Martínez Amo, vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, prefiere hablar, al igual que los farmacéuticos, de repago al referirse a la posible tasa catalana. Ni está de acuerdo con éste ni con el copago. "Ya nos cobran los impuestos".
Martínez aboga por mejorar la gestión y "eliminar los gastos superfluos" y apunta también a los hospitales. Aquí aún hay tela que cortar (y ahorrar).
"El que el Ministerio de Sanidad se responsabilice del lado de la oferta (registro, inclusión en la dispensación pública, precio) y las comunidades del lado de la demanda (la forma de prescripción, conducta de los prescriptores) y sean compartimentos estancos ha fracasado, y llevará a diferencias en el acceso a los medicamentos entre las distintas comunidades". Es una conclusión del informe de la consultora internacional PwC Diez Temas Candentes para la Sanidad Española para 2011.
17 autonomías, 17 pacientes
Que cada región actúe a su libre albedrío en materia sanitaria genera "desigualdades" entre los ciudadanos, al tiempo que "pone en riesgo la unidad del mercado y la estabilidad del marco regulador del sector farmacéutico", dice el informe de PwC. Tales divergencias atañen a la financiación de determinadas medicinas o grupos terapéuticos o para grupos concretos de pacientes, los calendarios de vacunas o la mayor o menor rapidez al incorporar los nuevos fármacos. En 2010 se dispensaron en España 957,9 millones de recetas, un 2,56% más que un año antes, pero el importe medio bajó un 4,79%. El estudio aboga por "introducir elementos de contención de la demanda" y por un plan "urgente" de pago de la deuda a los proveedores, uno de los grandes males del sistema público sanitario español.
