La decisión de la comisión de disciplina del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de sancionar con 1.500 euros de multa al juez Rafael Tirado por una falta grave de retraso injustificado en la tramitación de la condena al pederasta Santiago del Valle ha dejado un regusto amargo en todos los que tienen algo que ver en este caso y también en buena parte de la sociedad española.
La votación de los cinco miembros de este organismo fue muy ajustada (tres votos a dos) e ilustra de la dificultad de dar respuesta a la exigencia social de un castigo por una dejación que facilitó que un delincuente sexual como Del Valle estuviera en la calle. El fallo de ayer del CGPJ hace suyos los argumentos del instructor del expediente sancionador, Wenceslao Ojea, que justifica el retraso por la escasez de plantilla del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla y por la gran carga de trabajo que soportaba. La Junta niega la precariedad de personal y recuerda que el juez no solicitó refuerzos ni que se cubrieran vacantes en los últimos tres años.
Y, mientras tanto, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anuncia que la Fiscalía General del Estado recurrirá la sanción al entender que es "muy poca cosa". Caben tres consideraciones al respecto. En primer lugar, cualquiera que acuda a los juzgados del Prado apreciará que los jueces trabajan en condiciones precarias y, de hecho, sus representantes llevan años reclamando más medios y advirtiendo del atasco judicial.
De otra parte, hay que tener especial cuidado en no caer en el linchamiento del magistrado, que tiene el mismo derecho que el resto de los españoles a ser tratado con justicia. Pero hay algo que está en la mente de todos: a la niña la asesinó un hombre que, en ese momento, tenía que estar entre rejas. Si las responsabilidades se diluyen hasta el punto de entender que este error imperdonable se puede pagar con una simple multa, es que algo está fallando en el sistema y ese algo no lo pueden pagar los padres de la pequeña Mari Luz.
