La situación de los juzgados de lo Penal es crítica. Al término del primer semestre del año acumulaban 8.000 sentencias sin ejecutar y sólo en el segundo semestre se han amontonado 800. La causa principal es la nueva Ley de Tráfico, que ha sido la puntilla a unos juzgados que están en el punto de mira.
En 2007, los juzgados de lo Penal de Sevilla concluyeron con 6.946 sentencias pendientes de su ejecución, entre ellas la del presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle que debía hacer cumplir el Juzgado de los Penal 1. Lejos de paliarse el problema, con medidas que acaben con la saturación y que impidan que vuelva a repetirse un caso similar, la situación se ha visto agravada hasta el punto de que sólo en el segundo trimestre del año estos órganos han acumulado 800 ejecutorias más, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De las 7.105 que tenía pendientes en marzo, han pasado a 7.899 en junio, la subida más espectacular de los últimos cuatro años, sólo superada por el retraso que causó la huelga de funcionarios en 2005.
La causa principal, tal y como advirtió la junta de jueces celebrada en junio, es la nueva ley de Tráfico, especialmente desde el 1 de mayo, fecha desde la que conducir sin carné es delito. Pese a que la mayoría de los juicios por estas infracciones son celebrados en los juzgados de Instrucción y estos son los que dictan sentencia, son los penales los que deben hacerla cumplir.
De ahí que hayan cerrado el primer semestre del año con 7.899 ejecutorias, es decir mil más que las que a final de 2007. De hecho, el número de asuntos ingresados y de sentencias dictadas es muy similar en el primer y segundo trimestre de éste año. La única subida espectacular ha sido las de las ejecutorias, debido al espectacular aumento de sentencias de los juzgados de Instrucción, que han dictado 400 más, y la de los de Primera Instancia e Instrucción, con 520 más en un trimestre.
A buen seguro que éste será uno de los puntos que los jueces sevillanos tratarán en la junta convocada el martes, coincidiendo con el paro convocado por los secretarios judiciales en protesta a la sanción a su compañera por el caso Mari Luz, ya que van a analizar la situación actual de los juzgados y las injerencias políticas para que el CGPJ eleve a tres años la multa impuesta al juez Rafael Tirado por no encarcelar a Del Valle.
Y es que en junio, los jueces ya solicitaron la creación de dos juzgados de lo Penal más en Sevilla para 2009 o en su defecto dos especializados en ejecutorias, aunque la reivindicación era más que vieja. La respuesta de la Junta de Andalucía ha sido la de solicitar al Ministerio el Juzgado de lo Penal 14, presionada por las numerosas manifestaciones de los sectores judiciales pidiendo más medios.
No obstante, para las jueces la creación de este único órgano no es suficiente, ya que de continuar la cadena progresiva ejecutorias, pueden terminar el año con 2.000 sentencias más pendientes de cumplir que el año pasado. Por ello, tanto los magistrados como los secretarios y los funcionarios se quejan que lejos de solucionar la situación, máxime tras el caso de Mari Luz, el trabajo se está viendo aumentado porque se crean más delitos, pero no nuevos juzgados ni tampoco se aumenta la plantilla.
Los datos del CGPJ también corroboran que los de este año son los datos más alarmantes de los últimos cuatro años, sólo superado por los retrasos provocados por la huelga de los funcionarios, que atascó a los juzgados con casi 3.000 ejecutorias más en tres meses. Según las estadísticas, 2004 terminó con 6.420 ejecutorias pendientes; 2005, con 6.365; 2006, con 7.077; en 2007 bajó levemente, con 6.94 sentencias por ejecutar.
