208 tomos, más de 80.000 folios y 201 imputados. Cuando en los pasillos de los juzgados sevillanos se rumoreaba que la jueza Mercedes Alaya había asumido por fin que su instrucción estaba agotada y estaba ya trabajando en el escrito para elevar la causa de los ERE al Tribunal Supremo, atendiendo así a la reclamación de la Fiscalía Anticorrupción, la magistrada ha sorprendido a propios y extraños con un nuevo giro tan inesperado como sorprendente. Hace solo días, la Fiscalía alertó del «crecimiento desmesurado y no justificado» de la causa. Pidió no incorporar más documentación delParlamento o la Cámara de Cuentas. Las tesis de Anticorrupción no son nuevas. Se suceden desde hace meses. Se alerta del riesgo de prescripción de delitos, de las dificultades para recuperar los fondos públicos supuestamente defraudados, se insta a la división de la causa en piezas separadas que permitan agilizar y juzgar lo antes posible. Reiteradamente desde marzo se encadenan los avisos. Pese a que Alaya ha empezado a emitir señales de que está terminando su trabajo, la petición de ayer al Gobierno andaluz para que en 48 horas aporte la documentación de las ayudas sociolaborales en 2011 y 2012 es difícil de entender. Se señala una maniobra judicial algo alambicada para que el Supremo le devuelva el caso a sus manos y le pida que siga investigado. Se apunta a una maniobra política, a la que se abonó raudo el PP, señalando por primera vez a un Gobierno en el que estuvo sentada su actual presidenta, Susana Díaz, en la consejería de la Presidencia. Desde el Gobierno andaluz no habrá declaraciones oficiales pero insisten en transmitir tranquilidad a este respecto. Aseguran que no hay ni una sola medida que haya pasado por un Consejo de Gobierno donde estuviera sentada Díaz que pueda, ni de lejos, inmiscuirla en la peor trama corrupta de fondos públicos conocida en Andalucía. La basura de los ERE salpica hasta el consejero Manuel Recio, que ocupó el cargo de 2010 a 2012, y al que le estalló el escándalo en las manos hace tres años y medio. La investigación policial arrancó tras detectarse intrusos en varios ERE, con origen en el de la lonja sevillana,Mercasevilla. Recio, aforado como diputado andaluz y señalado por Alaya, fue el encargado de abrir la primera investigación interna. Su director general de Trabajo, Daniel Rivera, está imputado por supuestamente tratar de disimular el fraude que se estaba destapando. Fue un escándalo que paralizó a la Administración andaluza. La arrolló. No supieron calcular su alcance. Pero desde el primer momento se paralizó la concesión de ayudas y se adoptaron medidas. Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas acredita que ya en abril de 2010 se regularizó, mediante la encomienda de gestión, el procedimiento administrativo para la concesión de las ayudas sociolaborales. Hasta entonces, ni existía. Fue una medida de emergencia. El 6 de abril de 2011 se publicó en BOJA la nueva orden para regular las ayudas. El procedimiento fue después endurecido incorporando varias resoluciones parlamentarias al respecto. Se dejaron de pagar sobrecomisiones a las aseguradoras. En el Gobierno de 2012 la Consejería de Empleo desapareció. Sus competencias se diluyeron en varios departamentos. La Junta se apresuró a intentar poner orden tras una década de caos y agujeros administrativos. ¿Qué busca Alaya? Ni se sabe ni se entiende.
