La consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció ayer que su departamento tramitará por "por vía urgente" el Decreto de Medidas Urgentes sobre Prestación farmacéutica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, una norma que prevé llevarse a Consejo de Gobierno a la vuelta del otoño y cuyo principal iniciativa será la licitación por concurso público de los tres subgrupos terapéuticos (fármacos) más consumidos, a la que podrán optar todos los laboratorios que comercialicen dichos medicamentos.
En rueda de prensa, Montero calificó este nuevo paquete de medidas como "clave" para hacer que el sistema público sea "financieramente suficiente y equilibrado entre lo que son ingresos y gastos", hasta el punto de que la puesta en marcha de este concurso público para la selección del medicamento "nos permitirá obtener unos ahorros adicionales de los laboratorios de entre 40 y 200 millones de euros, que se destinarán a otras prioridades de la sanidad pública".
Respecto a los tres primeros subgrupos de medicamentos en los que se llevará a cabo la licitación mediante concurso público a optar por los laboratorios, Montero apuntó a los protectores gástricos, las estatinas (para reducir el colesterol) y los inhibidores de la agregación plaquetaria por ser de los más demandados por la población y, por tanto, de los que más gasto genera.
La titular de Salud, quien recordó que la licitación de moléculas es una medida que ya se venía empleando en fármacos de uso hospitalario, explicó a su vez que la utilización de este concurso público para la selección del medicamento afecta ahora a los fármacos que se retiran en las farmacias andaluzas con cargo al erario público andaluz, como por ejemplo los que retiran los usuarios pensionistas.
"Se trata de aprovechar la economía de escala que supone adquirir medicamentos para ocho millones de usuarios (la población andaluza) y conseguir bonificaciones en el coste que repercutan en el sistema sanitario", justificó la consejera, y admitió que "lo que estamos haciendo ahora es en definitiva llevar esta medida hasta las farmacias", por lo que estiman que se puede producir un ahorro "de entre un 30 y un 40%, dependiendo de los costes del producto".
Para Montero, este decreto "sin duda marcará la ruta y el rumbo de otras comunidades, porque la política de prescripción por principio activo es una obligación de aquellas administraciones que están empeñadas en hacer sostenible el sistema sanitario, no desde los recortes ni la disminución de la calidad de las prestaciones, sino explorando márgenes de mejora".
Entretanto, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof), Manuel Arenas, que suscribió ayer el nuevo decreto con Salud, reprochó, sin embargo, dicha aprobación alegando a informes que aluden a la "dudosa legalidad" de la medida.
