El actual convenio entre la Consejería de Salud y los Colegios de Farmacéuticos por el que se rige el sistema de dispensación de medicamentos se ha roto. La causa es el cambio que Salud quería establecer en la prestación farmacéutica por el cual la Junta quiere sacar a subasta entre los laboratorios el suministro de los principios activos más usados por los pensionistas (anticoagulantes, protectores de estómago y analgésicos), de forma que las boticas estarían obligadas a dispensar el medicamento fabricado por la empresa adjudicataria. Ahora, deben ofrecer el más barato de los que tengan pero tienen libertad para negociar con los laboratorios qué marcas componen su stock.
Tras diez meses de negociaciones, el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos hizo público ayer su rechazo a la última propuesta de Salud al entenderla como un "ultimátum de todo o nada" con "condiciones impuestas"
Con ello, las partes dan por roto el actual convenio, que expiraba en dos meses. La consejera de Salud, María Jesús Montero, lamentó la posición del sector y dejó claro que a partir de ahora la Junta "desarrollará las normas correspondientes para incorporar algunas de las medidas" propuestas. Es decir, cambiará el sistema sin su beneplácito.
Según Montero, el borrador del acuerdo "que se había pactado previamente" contenía 18 puntos. No concretó cuáles se impondrán. Solo aludió a aquellos "fundamentales para seguir profundizando en la racionalización del gasto farmacéutico" y dirigidos a que "la ciudadanía siga recibiendo los mismos medicamentos que se dispensan en la actualidad pero con un coste más competitivo". El objetivo es ahorrar en una factura de 2.000 millones anuales. Sostiene que no se toca el margen de beneficios de las boticas pero éstas auguran un grave perjuicio a un sector que emplea a 20.000 trabajadores.
