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La subida de impuestos y el plan de ajustes se aprobarán en julio

Aguayo avanza hoy en el Parlamento el mapa las empresas públicas

el 22 jun 2010 / 19:26 h.

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Mar Moreno, ayer, tras el Consejo de Gobierno.

El plan de ajustes y la subida de impuestos que anunció el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en el Debate del Estado de la Comunidad se aprobarán a través de tres o cuatro decretos antes de que acabe julio. Así lo anunció ayer la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, que aclaró que un decreto está dirigido a la reestructuración del sector público, otro a la reforma fiscal y un tercero e incluso un cuarto a medidas de simplificación e impulso de la actividad empresarial (figuras de declaración de interés autonómico o fórmulas de colaboración público-privada).

Los decretos podrán ser convalidados por el Parlamento en los plenos extraordinarios que se celebrarán el próximo mes. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, adelantará hoy en el pleno de la Cámara -último del periodo de sesiones- cómo quedará el sector público andaluz tras acometer su reestructuración. Griñán anunció que las empresas públicas se reducirán a la mitad -quedarán 110 tras fusionarse o concentrarse- y que se suprimirán 180 cargos directivos, lo que ahorrará cien millones de euros. Todo apunta a que se unirán la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) y la Agencia Andaluza del Agua, y también la Empresa Pública del Suelo (EPSA) y la Agencia Pública de Puertos. Además, se recortarán un 10% los gastos de protocolo, publicidad, dietas y locomoción de los altos cargos y se eliminarán 160 coches oficiales.

El plan de ajustes de la Junta pegará un bocado al Presupuesto de este año de 1.583,5 millones. Las inversiones, que se reducirán en 846 millones más lo que toque del recorte de Fomento, serán las más perjudicadas y aún se desconoce la reprogramación de las obras públicas. El Gobierno andaluz contrarrestará el tijeretazo con subida de impuestos y la creación de otros nuevos que, cuando se apliquen en su totalidad, supondrán unos 411 millones de euros para las arcas públicas.

El único que empezará a funcionar de forma inmediata es el céntimo sanitario, el impuesto sobre los hidrocarburos para pagar la sanidad, con el que se recaudarán 75 millones este año. La tasa sobre las bolsas de plástico y el impuesto que gravará los depósitos bancarios, que recaudará 132 millones, entrarán en vigor en 2011, igual que la subida del IRPF para las que ganen más de 80.000 euros al año, aunque este impuesto se recaudará en 2012. La tasa a la banca afectará a unas 70 entidades financieras con sucursal en Andalucía y, según Griñán, no está concebido tanto para engrosar la tesorería como para que fluya el crédito. La subida del IRPF perjudicará a 21.859 andaluces y permitirá recaudar 30 millones de euros dentro de dos años.

Lo que, de momento, la Junta descarta es instaurar el copago, fórmula por la que el ciudadano paga una pequeña cantidad de dinero cuando utiliza la sanidad pública para ayudar a financiarla. El secretario general de Satse-Andalucía, Francisco Muñoz, mostró ayer su temor de que el establecimiento de la llamada factura sombra, que informará a los pacientes del coste de los tratamientos, sea "un primer ensayo" para la introducción del copago. La Consejería de Salud tachó de "falta de responsabilidad" la advertencia lanzada por el sindicato de enfermería e insistió en que el copago no está en su agenda.

Tirón de orejas al gasto de las comunidades

Dos pesos pesados del ámbito nacional dieron ayer un serio tirón de orejas a las comunidades porque, según ellos, no hacen sus deberes en la contención del gasto. El ministro de Fomento, José Blanco, hizo unas declaraciones que, según admitió él mismo, darán que hablar: “Se tiene que acabar esa broma de que recaude el Estado y gasten las comunidades que, cuando tienen problemas, vuelven a exigir dinero al Estado, como si éste tuviera una fábrica de recursos, de dinero, ilimitada”, dijo. Esa dinámica es “una hipocresía”, añadió. Blanco insistió en que los recursos “no son ilimitados” y acusó a las regiones de “malgastar”. Para el ministro, el Estado autonómico no será perfecto hasta que las comunidades no recauden sus impuestos.


Por su parte, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aseguró ayer que, dada la elevada descentralización del gasto público en España, resulta “vital” la participación de las administraciones territoriales para los esfuerzos de austeridad. Según él, la mayoría de comunidades y ayuntamientos están “muy lejos” de responder a la “reducción radical del gasto público improductivo que la economía española necesita”.


Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, reclamó “más ambición y decisión a la política económica” para corregir “desequilibrios” y señaló que los “excepcionales” objetivos de reducción del déficit del 6% en 2011 deber ser “inamovibles”, porque es una decisión “trascendental”. Hace unos años –señaló– hubiera sido posible un recorte “más gradual”, pero ahora hay que acelerarlo.

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