La asociación de consumidores Facua advierte de que una subida de la luz del 10% supondría el encarecimiento en más de 60 euros anuales de la factura del usuario medio, y que, en caso de concretarse ese incremento, en sólo tres años y medio el recibo anual acumularía una subida superior a los 220 euros, más de un 48%.
La organización indicó que sus análisis ponen de manifiesto que un usuario con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 270 kWh paga actualmente 51,30 euros mensuales, con los impuestos ya incluidos.
Así, si el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aplicase una subida del 10% en enero, el usuario medio pasaría a abonar 56,43 euros mensuales, 5,13 euros más que en la actualidad.
La subida acumulada con respecto a la tarifa vigente en julio de 2007, cuando el usuario medio pagaba 38,07 euros al mes, alcanzaría los 18,36 euros mensuales.
Será mañana cuando el departamento de comanda Miguel Sebastián anuncie cómo se concretará finalmente la subida del recibo a partir del 1 de enero, si bien en el encuentro del jueves, ya avanzó a la asociación OCU que el alza rondará el 9%, lo que supondría un incremento histórico para los consumidores que se acogen a la tarifa regulada y que son la práctica totalidad de los clientes domésticos (con potencia igual o inferior a 10kW).
Sólo se salvarán de esa subida -que sería del 17% en todo el año si se suman los aumentos del 4,8% aplicado el pasado mes de octubre y del 2,6% del primer mes de 2010- aquellos clientes acogidos al bono social, que mantendrán lo que pagan.
Facua consideró que las medidas aprobadas el pasado jueves por el Gobierno "no son más que un parche que no soluciona el gran problema de fondo de la tarifa eléctrica, fijada por Industria en consonancia con los intereses de las grandes empresas del sector y sin cuestionar el elevado precio del mercado mayorista de la generación y el oscuro sistema de subastas en el que se basa".
Asimismo, la organización criticó el "ninguneo permanente" del Ministerio de Industria al movimiento de consumidores organizado, "con el que se niega a dialogar sobre el futuro del sector".
Explicó que la Dirección General de Política Energética y Minas convocó el jueves a una reunión a las asociaciones miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).
"Facua decidió no asistir al considerarla una falta de respeto, ya que el único objetivo del Ministerio era darles a conocer su decisión sobre la subida tarifaria en lugar de abrir un diálogo sobre la misma, continuando así con su política de hechos consumados", añadió en un comunicado.
"La política energética del Gobierno está plegada a los intereses empresariales, denunció la asociación, que lamentó que el objetivo prioritario del Ministerio de Industria sea satisfacer a las grandes corporaciones de sectores como el energético y el de las telecomunicaciones a costa de lesionar los intereses económicos y los derechos de los usuarios".
La asociación de consumidores criticó que el Ejecutivo "ni siquiera cuente con un Ministerio preocupado por la protección de los consumidores". "Las competencias en materia de Consumo están casi totalmente diluidas en el Ministerio de Sanidad y Política Social, que carece además de peso en la mayoría de decisiones políticas que afectan a los intereses de los usuarios", sentenció.
