Local

La suspensión provisional del PGOU retrasa 4 meses los permisos de obra

La suspensión cautelar de 15 artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no está paralizando la concesión de licencias, según Urbanismo, pero sí las ralentiza.

el 14 sep 2009 / 21:24 h.

TAGS:

La suspensión cautelar de 15 artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no está paralizando la concesión de licencias, según Urbanismo, pero sí las ralentiza. Los permisos que antes se lograban en poco más de un mes ahora requerirán entre 4 y 5 meses.

La causa es que todas las licencias que afectan a edificios situados en zonas sin planes especiales de protección tienen que pasar por la Comisión Provincial de Patrimonio, lo que alarga el trámite administrativo en alrededor de tres o cuatro meses, según explicó a esta redacción el concejal de Urbanismo, Emilio Carrillo. Cualquier obra particular deberá tener el beneplácito de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

No obstante, todo está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tome una decisión sobre el recurso presentado por el Consistorio contra la suspensión cautelar de estos 15 artículos del PGOU, aprobado en 2006.

En el caso de que el Alto Tribunal desestime el recurso y le vuelva a dar la razón a la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía (Adepa) -los denunciantes-, la suspensión cautelar se mantendrá hasta que haya una sentencia firme sobre el asunto, lo que puede tardar entre uno y dos años, como mínimo.

Esto complicaría y retrasaría aún más proyectos tan importantes para el Ayuntamiento como el de la antigua Fábrica de Artillería o incluso la biblioteca que la Universidad de Sevilla proyecta en el Prado de San Sebastián.

Es tal el desconcierto, que el propio responsable de Urbanismo del Gobierno municipal apuntó tras conocerse la suspensión cautelar de estos artículos que en el caso de que dicha paralización se mantenga pedirán al juez una "aclaración de cada caso concreto".

De todas formas, Carrillo aseguró que lo que más les preocupa no son los grandes proyectos, sino los "cientos de licencias que los particulares solicitan".

En los últimos cinco años la Gerencia de Urbanismo recibió alrededor de 3.000 solicitudes de licencias de obras en el casco histórico, esto es, medio centenar al mes.

Hasta que no haya una resolución judicial firme, las nuevas obras podrían encontrar muchos obstáculos administrativos para conseguir los permisos oportunos. De hecho, la Comisión Provincial de Patrimonio dependiente de la Junta de Andalucía tendría que dar su visto bueno a cada uno de estos proyectos particulares, lo que podría colapsar tal organismo.

El origen del conflicto judicial está en que el Ayuntamiento no ha aprobado todos los planes especiales de protección. "El PGOU hace la función de plan especial cuando éste está pendiente y eso es lo que está en litigio", comentó Carrillo.

Según el auto de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, el Plan General de Ordenación Urbana no puede imponer sus términos generales de forma "supletoria".

Además, sostiene que el nuevo PGOU contraviene el artículo 20 de la Ley de Protección del Patrimonio Histórico, que regula la protección de los conjuntos históricos con planes especiales a los que se atribuye mayor rango que al propio PGOU.

Uno de los artículos suspendidos es el 10.2.5 apartado b, que viene a decir que a los edificios catalogados se podían aplicar los criterios del Plan General de Ordenación Urbana en materias como "las condiciones generales de la edificación". Otro precepto suspendido provisionalmente es el artículo 10.3.20, que regula las "condiciones particulares de la edificación" para los edificios protegidos del nivel C.

Los magistrados consideran, al igual que Adepa, que dicho artículo posibilita el aumento en una planta de todos los edificios catalogados con el nivel de protección C y ello puede atentar contra la Ley del Patrimonio Histórico Español.

Además, el auto no está de acuerdo con una frase del PGOU: "El espacio público del Conjunto Histórico debe modernizarse". Esta afirmación puede vulnerar "las determinaciones del Plan, en cuanto a la conservación del patrimonio, pues el término modernizar entendido como creación nueva o reciente es contradictorio con la conservación del Conjunto Histórico", apunta el auto judicial, que insiste en que el PGOU no puede modificar planes especiales de protección del Centro y aplicar criterios distintos de conservación o edificación en los edificios protegidos.

  • 1