Cultura

La tijera alcanza a los libros

Rosa Torres quiere un sector fortalecido tras la crisis, pero la Asociación de Editores le pide que rectifique y mantenga las ayudas

el 30 ene 2010 / 22:43 h.

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Cuando la Feria del Libro de Gualajara, la más importante del mundo hispano, designó como invitada especial a Andalucía para su edición de 2006, se produjo algo parecido a una apoteosis. Nuestra comunidad, tradicional productora de escritores pero débil a la hora de generar industria en torno al libro, presumía por fin de tener un sector editorial pujante. Este aparente florecimiento se debió, en buena parte, a la decidida política de ayudas a la edición emprendida años atrás por la Junta de Andalucía, así como a un abaratamiento de la producción, que contribuyó a que las editoriales veteranas se consolidaran al tiempo que proliferaban por doquier pequeños sellos aventureros.

Nuestras empresas, integradas o no en la Asociación de Editores de Andalucía (AEA), alumbraron la esperanza de un nuevo horizonte para el siglo XXI. Muchos hicieron apuestas valientes e imaginativas, incluso provocaron el asombro (y hasta la suspicacia competitiva) de otras regiones con mayor solera en faenas de imprenta.

La otra cara de la moneda fue el engorde desmesurado de unos catálogos que difícilmente tenían correspondencia con la demanda real; los libreros se asfixiaban de novedades y la prensa era incapaz de absorber ni una pequeña parte de esos títulos. Muchos editores entonces proclamaban a boca llena que el sector "ni vivía, ni podía ni debía vivir de subvenciones", pero confiaban la salud de sus finanzas a las ayudas oficiales y olvidaban un pequeño detalle: que una parte de su tarea, y no la menor, consiste en vender sus libros.

Ellos mismos acabaron reconociendo otros errores: libros que se caían de las manos, ya fuera por su pequeña o nula vida comercial, por su pobre diseño, su tipografía imposible o la densidad demográfica de sus erratas; libros en los que no se invertía un céntimo en promoción o difusión; libros de los que, según admiten algunos off the record, se declaraban muchos más ejemplares -1.200 era la tirada mínima para acceder a las ayudas- de los que finalmente veían la luz, y a saber cuántos llegaban realmente a las librerías. En resumen, el impulso institucional corría grave riesgo de fomentar la picaresca, y los procesos de selección de convertirse en un coladero de dudosa utilidad pública. Pasaron los años y probablemente Andalucía editaba mejor, pero no dejaba de ser invisible en el mercado.

Asimismo, junto a editores honestos y sacrificados, surgían algunos dispuestos a hacer de la edición un negocio sabroso, por el doble juego de no asumir gastos y a la vez hacer acopio de todos los beneficios, subvenciones incluidas. Un fenómeno muy extendido ha sido la alta morosidad a la que se han visto sometidos los propios autores de los libros.

Así, el pasado verano, más de 200 escritores, traductores e ilustradores -entre ellos este redactor- encabezados por seis Medallas de Andalucía remitieron una petición a la consejera de Cultura, Rosa Torres, para que la Junta impusiera controles en sus ayudas, exigiendo como requisito el religioso cumplimiento de los contratos y el respeto a los derechos de autor.

Durante siete meses Torres no ha dado respuesta a dicha reivindicación; mientras tanto, su equipo trabajaba en una alternativa más tajante e inesperada: cortar por lo sano, matar al perro para erradicar la rabia, e incluso asumir que paguen, si se daba el caso, justos por pecadores.

La única explicación oficial de la supresión de las ayudas -de momento sólo este año- ha sido la crisis económica. Pero tampoco es menos cierto que la coyuntura se antojaba ideal para reformular su política y tratar de que la industria salga fortalecida y pegue un estirón real, como sucede en la niñez, a partir de estas fiebres.

Aunque Torres ha tratado con prodigalidad a los editores en estos seis años de mandato, la reacción ha sido previsible: la AEA, dirigida de manera dignísima por María Luisa Amores, no parece dispuesta a quedarse cruzada de brazos y ya la ha emplazado a una reunión urgente para el 9 de febrero. Apela a la protección de las pequeñas editoriales, pero la experiencia indica que son las grandes las que tienen más que perder.

El caso es que la sacudida ha dejado al descubierto las carencias y dependencias del sector. Los teléfonos de las redacciones de los periódicos hervían esta semana con llamadas de profesionales del libro dispuestos a celebrar, pública o anónimamente, las medidas restrictivas de la Junta.

En medio de todo este maelström, la cara la ha dado una persona por lo común discreta, casi retraída, como suele ser Rafi Valenzuela, la Directora General del Libro. Su mensaje parece claro: no hay paso atrás con las ayudas, apoyo a la cultura a través de sistemas conocidos y algo más sensatos, como la compra para bibliotecas -con una mayor comunicación entre éstas y los editores, y un estricto seguimiento de criterios y dotaciones-, cuentas limpias -con diez millones de euros en préstamos reintegrables- y apoyo para que el sector sea más activo y menos acomodaticio. Editar, en definitiva, buenos libros, batirse el cobre en las ferias nacionales e internacionales, descifrar correctamente el mercado para abrirse paso en él.

Andalucía será más rica con un tejido editorial potente, pero eso sólo se conseguirá desde la profesionalización, la sensatez, la honradez y la transparencia: atributos que a menudo se fortalecen en los tiempos difíciles.

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