La trama de presunta corrupción urbanística en el municipio almeriense de Arboleas se limita, de momento, a constructores, promotores y directores técnicos de obra. El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa, responsable del caso, imputó ayer a "varias personas ajenas al ámbito político o público", a las que acusa de un delito contra la ordenación del territorio.
Pese a que la Policía Autonómica revisó el pasado lunes durante seis horas las dependencias del Consistorio -gobernado por el PSOE desde 1999-, por el momento no hay cargos ni funcionarios públicos implicados. Fuentes de la investigación indicaron, no obstante, a Europa Press que sigue analizándose el ordenador de Fernando García Benito, ex secretario e interventor municipal en Arboleas, que fue relevado de su cargo en julio y ejerce ahora como técnico de la Administración General. Se buscan archivos y ficheros de los que aún pueda haber rastro en el disco duro o que hayan sido borrados.
Las mismas fuentes insistieron en que esta operación es una ampliación de la iniciada a principios de este año en el municipio, por la que se investiga ya un caso de prevaricación urbanística. Además, detallaron que entre la documentación intervenida el lunes destacan varios originales de las resoluciones de Alcaldía sobre licencias de obra, los permisos de primera utilización de la edificación, así como los informes técnicos favorables a la concesión de licencias de segregación, que se suman al libro de actas y decretos de resoluciones.
El alcalde de la localidad, el socialista Ángel Jesús García, insistió en que por ahora "todo lo que se conoce en relación con el Ayuntamiento es legal", aunque desconoce cómo avanza el análisis de la documentación intervenida. "Por vía extrajudicial, sé que es un caso de urbanismo, pero nada más". García recordó que tienen un acuerdo con la Junta de Andalucía y seis localidades más de su comarca para examinar las más de 5.000 viviendas, en su mayoría propiedad de británicos, que podrían estar fuera de regulación.
Vigilancia. Ante este nuevo escándalo, el delegado de Vivienda en Almería, Luis Caparrós, insistió en que espera que los alcaldes "cumplan y vigilen" la regulación urbanística e insistió en que, años atrás, "proliferaron" casas ilegales en el poniente andaluz pero que ya "no se está construyendo ni una más".
