Registro de la Guardia Civil en la sede de Fitonovo.
Una caja B que «servía para varios propósitos además del pago de comisiones a funcionarios». Esa era la base de toda la estructura creada por la empresa Fitonovo, centro de la investigación de la operación Enredadera, con la que costeó comisiones y dádivas a cambio de contratos con las administraciones públicas. Pero las pesquisas de la Guardia Civil también han permitido conocer que facilitó a su propietario disponer de casi 2,5 millones de euros en siete años. Una cuantía que se destinaba a otras sociedades a través de las cuales se blanqueaba con la compra de propiedades. Según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso este periódico, Rafael González Palomo, el propietario de Fitonovo, «en varias ocasiones, desde la caja B, se procedía a realizar un reparto de dividendos en beneficio de los propietarios (Rafael González Palomo y su esposa) para luego realizar ampliaciones de capital de sociedades patrimoniales como Fiverde, completando de este modo la generación, desvío y colocación del dinero negro generado a través de dicha caja B». Así, entre 2003 y 2010 se embolsó 2.483.936, tal y como consta en los documentos recabados por la Unidad Central Operativa (UCO).
Los agentes también explican en un atestado remitido a la jueza Mercedes Alaya, que dirige la investigación, que parte de este dinero «se ha empleado para la realización de inversiones inmobiliarias a nombre de las sociedades». De hecho, a los propios investigadores les llama la atención que «son varios casos» en los que en la contabilidad B de esta empresa sevillana «se reseña de manera pormenorizada cómo se articulan dichas compras desde la generación de efectivo con facturas falsas hasta la compra del bien inmueble». Es decir, todo el proceder de cómo se lograba el dinero de la caja B y cómo se gastaba está plasmado en papel.
Las «facturas falsas». Este era uno de los sistemas utilizado por Fitonovo para «nutrir de la caja B» y poder disponer de «efectivo suficiente para atender a los múltiples cohechos que realizaba a diferentes autoridades y funcionarios públicos». Según la Guardia Civil, la entidad contaba con 15 «empresas factureras», cuyos propietarios están también entre los imputados, que «emitían facturas falsas por los importes necesarios para pagar las comisiones».
Otras formas de «desviar este dinero» y blanquearlo era «generar gastos que disminuían los de la sociedad», con lo que lograban una reducción de los tributos a Hacienda, o «pagando los salarios en B a los trabajadores», capítulo en el que se llegó a desviar 4,5 millones de euros. Por ello, la jueza imputa a los dueños de Fitonovo delitos de blanqueo de capitales y fraude contra la Seguridad Social, «como beneficiarios últimos de estas prácticas de blanqueo».
