El exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, es conducido al furgón policial. / Estefanía González (Atese)
El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, con Mercedes Alaya al frente, investiga una presunta trama corrupta dedicada al desvío de fondos públicos de la Consejería de Empleo. La investigación judicial abarca una década, entre 2001 y 2009. La magistrada instruye una macrocausa con más de cien imputados que abrió hace tres años.
Mercasevilla. El origen del caso se remonta a una denuncia sobre Mercasevilla, la lonja mayorista sevillana. Los empresarios de un grupo hostelero, La Raza, denunciaron que los directivos de Mercasevilla le habían pedido comisiones ilegales si querían recibir una subvención otorgada por la Consejería de Empleo. La cinta con esa conversación grabada abrió el caso. La jueza Mercedes Alaya detectó que en el ERE de la lonja sevillana, que había recibido importantes ayudas públicas, había varios intrusos, trabajadores que nunca habían trabajado en la empresa.
El presunto fraude. La causa fue creciendo hasta señalar una supuesta trama corrupta dedicada a malversar fondos públicos. El dinero defraudado supuestamente salía por varias vías: con la introducción de intrusos o falsos trabajadores en los Expedientes de Regulación de Empleo subvencionados con fondos públicos; mediante el pago de abultadas sobrecomisiones, que la Junta abonaba a las compañías aseguradoras que se hacían cargo de las pólizas de los ERE; y mediante la concesión supuestamente irregular de ayudas directas a empresas en crisis.
El dinero defraudado. El fondo bajo sospecha asciende a 1.217 millones de euros, aseguró la Cámara de Cuentas. 647 millones consignados anualmente en los Presupuestos andaluces, que se elevan a 776 millones añadiendo las ampliaciones presupuestarias aprobadas. El PP lo eleva a 1.500 millones sumando 286 millones que la Junta debe por operaciones de refinanciación de deudas con las aseguradoras.
Pero no todo este dinero fue supuestamente malversado. Los fondos públicos que presuntamente se defraudaron ascienden a unos 140 millones de euros, según los datos de la instrucción judicial. 12,3 millones percibidos de forma aparentemente ilegal por los intrusos en los EREs; 50 millones pagados indebidamente en sobrecomisiones a las aseguradoras; 73,8 millones en ayudas irregulares a empresas.
De este fondo de ayudas para prejubilaciones se beneficiaron un total de 6.473 trabajadores andaluces. 241 serían irregulares.
Avisos de la Intervención. Según el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, se emitieron quince informes alertando de irregularidades graves en un millonario sistema de ayudas que no tenía orden o norma de rango suficiente para regularlo. Esos informes eran remitidos a las Consejerías de Empleo y Hacienda. La jueza Alaya considera ilegal todo el sistema. La Dirección General de Trabajo estuvo diez años repartiendo subvenciones prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido. Salía el dinero de la Consejería para que pagara una empresa pública. Una fórmula inadecuada para financiar subvenciones que generaba importantes desequilibrios presupuestarios.
El exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, el exsindicalista y conseguidor, Juan Lanzas, y los responsables de la aseguradoras son quienes manejaban los fondos directamente.
