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La "trama" del falso prejubilado

La investigación que se inició en Mercasevilla alcanza ya a decenas de empresas

el 12 feb 2011 / 20:54 h.

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Fernando Mellet, en los juzgados.

13 de febrero de 2009. Hace justo dos años se inició una investigación que suma ya quince personas imputadas y una decena de detenidos. Todo arrancó con una conversación grabada a los entonces directores de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, en la que pedían una comisión a unos empresarios a cambio de que accedieran a una subvención de la Consejería de Empleo. "La Junta colabora con quien colabora", señaló Mellet quien en plena conversación puso como ejemplo las ayudas a los expedientes de regulación de empleo (ERE). Todo un anticipo. Dos años después, el caso ha sobrepasado los límites de la empresa y de la provincia y ha salpicado de lleno a la Junta.

La instrucción del caso ha ido abriendo rutas conforme iba avanzando. La primera causa era más que evidente. Mellet y Ponce pidieron comisiones en nombre del entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas. Pero un fino hilo condujo a una segunda causa judicial: la venta del suelo de Mercasevilla, una operación urbanística de más de 100 millones de euros. La investigación, que ve fraudulento el concurso, tiene 13 imputados.
Toda la gestión de Mellet se puso en cuestión, lo que llevó a detectar irregularidades en unas cuentas que habían dejado a la empresa al borde de la quiebra. Entre todos los agujeros sobresalía uno: el ERE de 2007 de la empresa por el que se preveían unos ingresos de nueve millones de euros que la Junta había anunciado que no iba a pagar. Se abrió así la tercera causa. Una investigación por delitos societarios con tres imputados de momento.

La Junta se desmarcó de unas ayudas comprometidas con unas pólizas suscritas por su ex director general de Trabajo, Javier Guerrero Benítez, cuya gestión era ya sospechosa. Y la juez ordenó a la Policía investigar toda la documentación de los ERE, sin saber que tras ellos iba a encontrar una "trama" que iba más allá de Mercasevilla. Entonces se detectó que había nombres incorrectamente incluidos en el plan de prejubilaciones: Antonio Garrido Santoyo, un dirigente socialista de Jaén, que aparecía en las pólizas de 2007 sin haber estado nunca en Mercasevilla; y Carmen Fontela, que tampoco había trabajado en la lonja y aparecía en el ERE de 2003.

La Junta tuvo que admitir las irregularidades, abrió una investigación interna y remitió, de forma voluntaria, la documentación a la juez. Pero el escándalo sólo había comenzado. La Policía seguía investigando por orden de la juez, a la que remitió un informe que ha provocado que se abran la cuarta y la quinta causa del proceso ante la "presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta" de los ERE financiados con fondos públicos. Un escándalo que pone en entredicho la gestión de tres consejeros de Empleo. Así, la juez decidió separar la causa del ERE de Mercasevilla, para iniciar otra por los expedientes de la empresa Hitemasa y la sevillana Rio Grande que se ha extendido ya a unas 40 empresas.

En el informe, un intermediador en los ERE de la empresa Vitalia reconocía que había metido el nombre de Fontela en Mercasevilla y Río Grande, con la connivencia de Juan Lanzas, un ex sindicalista que hacía de conseguidor. A todo esto, Guerrero hablaba en su declaración como testigo de un "fondo de reptiles" por el que pudo disponer de más de 680 millones de euros para empresas en crisis. Las cantidades se entregaban a través del IFA, ahora IDEA, y no era necesario su publicación. Luego lo negó.

La Junta reaccionó defendiendo el pago a través de sus empresas públicas, atribuyendo las irregularidades a un "uso indebido". Asimismo, anunció que ampliaba su investigación interna para colaborar con la Justicia. El Gobierno andaluz reconocía que había detectado 37 nombres sospechosos en 30 de los 45 ERE vivos que había estudiado. Entre ellos había dos ex altos cargos del PSOE (un ex delegado de Asuntos Sociales y de Empleo), el ex alcalde del Pedroso, el ex dirigente del PSOE en Baeza, un ex gobernador civil en Cádiz (ya fallecido) y una ex militante del PSOE en Torredonjimeno (Jaén). Estos datos ya han sido remitido a la magistrada.

Un informe de la Intervención General de la Consejería de Hacienda ya alertó en 2005 que la fórmula seguida para pagar los ERE debía cambiar, ya que sólo bastaba la firma de un director general para disponer de las cantidades. De hecho, un juez de Sevilla ya tenía una causa abierta por el desvío de los fondos para prejubilaciones en un ERE de 1991, que se hizo con el mismo sistema. Hubo hasta dos avisos más, pero todos cayeron en saco roto, pese a que llegó a manos del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. No fue hasta 2008 cuando se cambió.

Mientras tanto, la Policía detenía a diez personas, entre ellos Mellet, y registró las sedes de Vitalia y Uniter, las dos aseguradoras que financiaban los ERE. Según el Gobierno, con el proceso anterior eran los comités de empresas y los sindicatos quienes pactaban las aseguradoras, ahora se hace por concurso público. Fue así como estas dos empresas se hicieron con la gran parte de los ERE, en especial Uniter, que logró los de Delphi o Boliden. La documentación requisada por la Policía a esta aseguradora podría revelar aún más irregularidades.

De momento, ya han trascendido falsas prejubilacions en casi cuarenta empresas de toda Andalucía, con ex cargos socialistas incluidos en algunas de ellas. Y esto acaba de empezar.

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