El caso Gürtel forzó la moción de censura que desbancó al PSOE de la Alcaldía de Bormujos en enero de 2005. Del levantamiento del secreto de sumario se desprende un presunto soborno que el número dos de la trama y ex secretario general del PP gallego, Pablo Crespo, ofreció al concejal del AIB La Paloma José Sánchez, con "fines urbanísticos".
Y es que el voto de Sánchez, junto al de la edil popular Ana Hermoso, fue clave para que el Partido por el Desarrollo de Bormujos (PDB) de Baldomero Gaviño recuperara la Alcaldía perdida en los comicios de 2003.
El sumario recoge, según adelantó Público, las declaraciones de José Luis Peñas, denunciante y a la vez imputado, ante Antonio Pedreira, el juez que instruye el caso. Al ser cuestionado sobre una operación en Sevilla, Peñas menciona que Crespo "había bajado disfrazado a Bormujos" para entregar "una maleta con dinero". "Iba con una peluca, con unas gafas oscuras para que no se le reconociera", confiesa. Cuando Pedreira le insiste en el tema y le pregunta sobre a quién iba dirigido ese dinero, confiesa que su destinatario era "el tránsfuga". Es decir, el testimonio de Peñas apunta a Sánchez, que apoyó al partido de Gaviño y que fue después imputado por un presunto caso de soborno que fue archivado de manera provisional a finales de 2006 por falta de pruebas.
Tras estas presuntas compensaciones se escondía la intención de "desbancar al gobierno que había para crear uno nuevo que posibilitara un escándalo urbanístico" asociado a la recalificación de un proyecto de ciudad sanitaria de lujo. Peñas sostiene que participan imputados en el caso Gürtel, como Tomás Martín, que se presentó en Bormujos como abogado experto en mociones cuando en realidad era experto en urbanismo y dirigente del PP en Boadilla del Monte (Madrid). En su declaración, aclara que fue él quien ofreció un pacto a Sánchez: "Tú te vas del partido, te vienes con el mío y yo me comprometo a hacerte teniente de alcalde, pero tú me tienes que aprobar todos los planes urbanísticos que yo te digo en un documento firmado".
Peñas devuelve a la trama de Bormujos a un viejo conocido: Jesús Calvo Soria, un empresario madrileño que fue candidato al PP en las elecciones europeas de 1999 como suplente y que ya fue vinculado en los supuestos casos de corrupción de Camas y Bormujos. De hecho, este empresario reconoció que fue el que pagó una noche de hotel a los concejales del PDB, el del PP y al tránsfuga José Sánchez justo la noche antes de la moción de censura contra el regidor socialista Juan Antonio Iglesias.
Pero no es el único. El sumario desvela la grabación de una conversación en la que participan algunos imputados en la trama como Francisco Correa, José Luis Peñas y Pablo Crespo y que tuvo lugar el 4 de octubre de 2006, cuando el caso de Bormujos todavía no había sido archivado. En esa conversación, Correa asegura que Calvo iba "a echar toda la mierda" sobre Máximo González, presidente del Consejo General de Enfermería. Como así fue, ya que le acusó de ayudar a Baldomero Gaviño en la moción de censura como compensación por el asesoramiento gratuito que le prestó para exportar en un pueblo de Madrid el modelo de hospital y universidad de Bormujos.
Precisamente, Gaviño salió al paso ante las nuevas revelaciones del caso, negando cualquier vinculación. "No tengo que ver con nada del caso Gürtel ni activa ni pasivamente", explicó con rotundidad el ex regidor y socio de gobierno de la nueva alcaldesa, Ana Hermoso (PP). Ésta, por su parte, prefirió no atender a las llamadas de este periódico.
Quien no aparece en principio en el sumario del Gürtel es el empresario Eusebio Gaviño, primo de Baldomero, que fue denunciado por los ex compañeros de Sánchez en el AIB La Paloma, María José Parrado y Joaquín Domínguez, por "un intento de soborno" que ascendía a la cantidad de 840.000 euros y que rechazaron. Ambos sostienen, todavía con la causa archivada, que Sánchez recibió una oferta similar.
Pese a que se habla de escándalo urbanístico, el PSOE no ha advertido nuevos movimientos. "Desde el juicio, han procurado andar con pies de plomo para no caer", asegura el ex alcalde socialista Juan Antonio Iglesias, que no obstante considera que la aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA), desbarató cualquier estratagema. De hecho, el Ayuntamiento fue advertido por la Consejería de Obras Públicas en 2007, cuando le exigió una modificación del Plan de Ordenación Urbana (PGOU) que preveía un crecimiento de población del 115%.
