El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra hoy en Madrid se presenta como una batalla campal entre las comunidades gobernadas por el PP y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que se tornará en un arma arrojadiza más contra los socialistas de cara a las próximas elecciones, sobre todo después de que el PP haya ganado peso tras los comicios del pasado mayo.
Tanto que lo de ayer de los populares fue un auténtico órdago, al condicionar su cumplimiento del objetivo del déficit regional a que el Ejecutivo respete los compromisos adquiridos en materia de financiación autonómica.
En los últimos días habían quedado patentes las diferencias de ambos partidos sobre cómo abordar el endeudamiento y los plazos de pago de las regiones y el interés del PP por destapar los supuestos déficit ocultos de las comunidades históricamente lideradas por el PSOE que lograron en las urnas en mayo. María Dolores de Cospedal, nueva presidenta de Castilla-La Mancha, ha sido la que más ha insistido sobre esta cuestión, seguida de otros dirigentes del PP.
Y ayer, el nuevo consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura, Antonio Fernández, tildó de "matrix contable" las cuentas autonómicas, cuyo déficit a 30 de junio estaba en el 2,7% del PIB, a pesar de que el tope autorizado por el Estado para la comunidad en todo 2011 es del 1,3%.
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, adelantó que su partido pedirá hoy al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que amplíe el plazo para que las comunidades devuelvan los anticipos de ingresos adelantados por el Estado para ayudarles a resolver sus problemas de liquidez.
Explicó que las regiones están "obligadas" a devolver "sumas importantes de recursos públicos" porque el Ejecutivo "en su día les dio más dinero que el que les correspondía porque se equivocó en su diagnóstico" económico y previó que iba a recaudar más dinero en ingresos públicos. Como el crecimiento económico fue negativo, las regiones recibieron más de lo que les correspondía "y ahora tienen que devolverlo". Por eso, pidió que "amplíe el plazo" a las comunidades para "resolver el problema de liquidez", ya que esto "no afecta al déficit ni al conjunto de la deuda pública".
Generoso. Pronto recibió respuesta el líder de la oposición por parte del Ejecutivo. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, aseguró que el acuerdo alcanzado con las comunidades sobre la devolución de los adelantos a cuenta ya es "generoso", y dijo que "no hay razón" para volver a aplazarlos.
López Carbajo prefirió esperar a ver si se pone dicha propuesta sobre la mesa en el CPFF, si bien recordó que ya se acordó aplazar un año el pago de esas deudas y enfatizó que las comunidades tienen desde ese momento hasta cinco años para liquidar. López Carbajo añadió que las normas de pago ya "están en la ley" y que cuando la liquidación el positiva el Estado paga "a tocateja", mientras que las comunidades tienen hasta seis años.
"No hay razón para modificar el sistema". Así, apuntó que la liquidación negativa aplazada de las comunidades alcanzó los 18.736,46 millones en 2009, pero tras la moratoria las regiones podrán comenzar a devolver los adelantos en 2012.
Este saldo negativo en 2009 se explica no por un mal resultado de la reforma de la financiación autonómica, sino por una bajada de los ingresos tributarios autonómicos superior a la prevista, que provocó que las aportaciones anticipadas elevaran el saldo negativo de dichas comunidades.
Otro de los asuntos que se tratarán será la propuesta del Gobierno para que las regiones asuman la regla (techo) de gasto establecido para el Estado. Al respecto, López Carbajo se mostró prudente y prefirió esperar a que "transcurra" la reunión.
Consciente del renovado peso del PP en el seno del Consejo, el secretario de Estado de Hacienda mostró su deseo e incluso confió en que los consejeros populares muestren una "actitud positiva" y "responsable". "Todos nos jugamos mucho", dijo, para añadir que también es de esperar que los planes de reequilibrio de algunas regiones puedan aprobarse hoy, entre ellos el de Andalucía.
Se trata de un tope máximo al aumento anual del gasto, que se calcularía teniendo en cuenta la evolución del PIB de los cinco años anteriores y las previsiones para los tres ejercicios siguientes, y que el Ejecutivo quiere trasladar a las autonomías tras decretarlo para los presupuestos estatales y de los ayuntamientos.
A priori, el PP no piensa apoyar la regla de gasto que el Gobierno quiere implantar en la elaboración de los presupuestos de las comunidades, al estimarla insuficiente, y pedirá una "fórmula" para sanear el sistema nacional de salud pública y poder cumplir la ley de dependencia.
En paralelo, los presidentes de las comunidades del PP aprobaron ayer una declaración en la que proponen un nuevo marco de "estabilidad y disciplina" para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y en la que defienden reformas concretas como el establecimiento de un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda autonómica.
Las claves
Techo de gasto
Se impondrá a las CCAA una regla para limitar su gasto al igual que tiene el Estado.
Crecimiento del PIB
El techo estará en función del crecimiento histórico del PIB y las previsión de ingresos.
Cruce de peticiones
El Gobierno reclamará devolver anticipos a cuenta y las CCAA, pagar fondos pendientes.
Los mercados vigilan
Los mercados y Bruselas vigilarán si el Gobierno logra meter en cintura a las CCAA.
