Irlanda fue uno de los países protagonistas en la reunión del G-20. Su política económica, en entredicho, y la posición de Alemania respecto a los países con alta deuda soberana hicieron que se convirtiera en el centro de las miradas, ante la posibilidad de necesitar un rescate del estilo de Grecia.
Sin embargo, el Gobierno irlandés insistió ayer en que no ha perdido soberanía sobre su política fiscal y que no necesita ayuda económica de la UE para salir de la crisis, a pesar de que su deuda alcanza niveles históricos.
Según un portavoz del Ministerio de Finanzas, Irlanda "está en condiciones de pagar", como demuestra el hecho de que volverá a emitir deuda del Estado el próximo año para "refinanciar" las arcas públicas.
Los mercados de deuda intensificaron ayer su presión sobre la deuda de Irlanda. A media tarde de ayer, los mercados de deuda llegaron a fijar el interés de los bonos irlandeses a 10 años en el 9,26%, lo que elevó su prima de riesgo, es decir, su diferencial con el bono alemán de referencia hasta los 680 puntos básicos, unas cifras históricas e insostenibles a corto plazo.
La desconfianza de los mercados en Irlanda, explicó la fuente, se debe a la incertidumbre que rodea a "ciertas economías" periféricas europeas sobre su capacidad para pagar los altos intereses que acumulan sus deudas.
En cualquier caso, la Comisión Europea dijo ayer que está preparada para su rescate financiero con el fondo de 750.000 millones creado en mayo para frenar la crisis de deuda en la Eurozona si recibe una solicitud de Dublín, una petición que hasta ahora no se ha producido.
España no está igual. Eso al menos defendió ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que mostró su preocupación por la situación del sistema financiero irlandés, pero que dejó claro que la volatilidad de los mercados que ha provocado ese país está afectando "en muchísimo menor grado" a España que a la propia Irlanda o a Portugal.
En Seúl, Salgado reconoció que comentaron en la reunión el caso irlandés y admitió que hay "una cierta preocupación". El efecto es la volatilidad de los mercados, que está perjudicando "fundamentalmente a Irlanda, en menor medida a Portugal y de manera colateral a todos los países". España, añadió, tiene que pagar por su deuda de 30 a 40 puntos más que Italia, pero se encuentra a más de 250 puntos respecto a Portugal y a más de 350 en relación con Irlanda.
Por su lado, el diferencial entre el bono español y el alemán, que es el de referencia en Europa, finalizó ayer en los 218 puntos básicos, aunque en algún momento llegó a situarse en los 222, con lo que superó el máximo que se batió en junio de este año.
La cumbre del G-20 arranca sin paz en las divisas
La quinta cumbre de líderes del G-20 arrancó ayer en Seúl en medio de profundas diferencias sobre cómo afrontar la guerra de divisas, un conflicto que amenaza con quebrar la unidad que ha mostrado el grupo en los dos últimos años.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los 20 países desarrollados y emergentes más representativos del planeta, así como los líderes de las principales instituciones multilaterales y de países invitados, como España, iniciaron el encuentro con una cena de trabajo en la que el asunto de las divisas se situó como plato principal.
En los dos últimos días, los viceministros de Finanzas y los negociadores de cada país mantuvieron reuniones maratonianas para tratar de lograr un consenso sobre qué pasos seguir en esta materia, de manera que quede sellado en el compromiso final que hoy firmarán los mandatarios.
Pero de momento el acuerdo se ha mostrado esquivo. El miércoles, las discusiones fueron tan acaloradas, con gritos incluidos, que hubo "que dejar la puerta de la sala abierta" para que se enfriara el ambiente. El conflicto es importante porque los compromisos que adopten sobre cómo manejar las divisas pueden llegar a cambiar completamente la política económica de un país.
Por otro lado, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, dejó claro que España someterá su política económica a la supervisión del Fondo Monetario Internacional como el resto de miembros del G-20 y consideró "razonable" que los principales bancos españoles sean vigilados como entidades sistémicas.
