La Comisión Europea mantiene su preocupación sobre el decreto andaluz antidesahucios, pero ayer quiso dejar claro que corresponde a las autoridades españolas resolver el problema que dicha norma que prevé la expropiación temporal de viviendas a la banca puede causar al plan de rescate financiero, por el que España ha recibido 40.000 millones de euros de Bruselas. Los inspectores de la troika Comisión, Banco Central Europeo y FMI creen que el decreto andaluz puede poner en riesgo los objetivos del plan de estabilidad financiera y retrasar la recuperación del sector inmobiliario. El seguimiento de esta cuestión entre las autoridades españolas es una cuestión que les corresponde a ellos, dijo el portavoz de Asuntos Económicos, Simon OConnor, al ser preguntado por si el Ejecutivo comunitario está satisfecho por el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Bruselas envió hace 10 días una carta al ministro de Economía, Luis de Guindos, en la que expresaba su inquietud por el impacto del decreto andaluz en la banca. De Guindos confirmó ayer que el informe del Ecofin la reunión de los ministros de Economía de los países miembros reitera la preocupación de la troika por el decreto y defendió el recurso ante el Constitucional por considerar que tiene un impacto negativo en la concesión de crédito y la solvencia del sistema bancario.
IU ha convocado para el viernes movilizaciones ante las ocho subdelegaciones provinciales del Gobierno contra el recurso que el Gobierno tiene previsto formalizar el viernes. La coalición de izquierdas ha convocado a todos los movimientos sociales que han apoyado la redacción del decreto. Hay nueve familias andaluzas que ya han sido salvadas de un desalojo inminente desde que el decreto entró en vigor en abril. La Junta es consciente de que en cuanto se formalice el recurso, la norma quedará en suspenso, pero no está claro en qué situación quedarán las familias que han logrado mantener sus viviendas después de que la Junta expropiara sus pisos a los bancos. La consejera de Vivienda, Elena Cortés, irá a Bruselas mañana a defender el decreto, y ayer dijo que peleará para que estas familias no sean expulsadas. La secretaria general de Vivienda y responsable de programas de IU, Amanda Meyer, afirmó que la Junta tiene un plan b, c y z para evitar los desahucios si prospera el recurso. El derecho es muy creativo, concluyó.
