Sin embargo, la infracción de la que se acusa a los onubenses está fuera de este tratado de pesca, de ahí que la comisión eluda inmiscuirse en el caso y pronunciarse siquiera. "Será un asunto de la legislación de Guinea Bissau", sostienen. Añaden en su descargo que su papel finalizó cuando intentaron que el Gobierno guineano rebajase o anulase la multa a los barcos -100.000 euros para cada uno de los tres-, pero "Guinea la ratificó y ahí finalizó el trabajo". Pese a todo, España insiste en que la UE tiene que "implicarse", porque "está entre sus competencias" desbloquear la situación.
Cerrada esta vía de resolución, los armadores de los pesqueros implicados -el Febel III, de Mariscos Rodríguez, el Sierra de Huelva, de la empresa Baltimar, y el Alfonso Riera I, de la naviera homónima- exigen al Gobierno español que tome las riendas de la negociación cuanto antes. Tanto el Ministerio de Exteriores como el de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Junta aseguraron ayer que "trabajan" para "aclarar" la situación de los barcos, que siguen "atentamente" el caso y que la Embajada de España en Bissau presta la "asistencia consular necesaria" a los pescadores.
Nada que ver con lo que relatan ellos y sus familias. José Fernández, patrón del Febel III, sostiene que "nadie se ha preocupado" por su estado y que "no ha aparecido nadie del Gobierno español". Desde Lepe, su esposa, Caridad de Dios, abundó en esa denuncia: "Ni la embajada, ni cónsul, ni nadie. A mi marido lo despertaron de madrugada y era un señor con una metralleta apuntándole", relató a Efe.
Los pescadores -onubenses, mauritanos, guineanos y senegaleses- tienen una doble preocupación: de dónde van a sacar los 100.000 euros que cada barco debe pagar antes del 28 de octubre para hacer frente a la multa -la cantidad es "desorbitada", sostienen- y cómo van a aguantar hasta entonces porque, aunque ahora se encuentran "bien", dudan de la potabilidad del agua que les ofrecen y sus víveres comienzan a mermar, según José Vaz, patrón del Alfonso Riera I. "Comemos, dormimos, sufrimos mareas", resume, estoico.
a la espera. En estos momentos, los tres barcos se encuentran fondeados a 500 metros de la capital de Guinea, Bissau. Su repostaje en alta mar se produjo el día 23 de septiembre y fue el 9 de octubre, a las 3.00 horas, cuando los militares revisaron las embarcaciones y les exigieron que regresaran a puerto. Esto es, llevan allí 13 largos días, siempre custodiados por militares que les dan "buen trato". El primer día lo pasaron incomunicados. Fernández sostiene que los detuvieron cuando estaban trasvasando combustible desde un barco-gasolinera (lo que se conoce como bunkering), a 148 millas de la costa. La legislación internacional, de 1982, define que esta práctica es legal siempre que no se realice a menos de 24 millas de tierra, por los daños ambientales que puede causar a la población. Siguiendo esta norma, los barcos andaluces estarían cumpliendo con la legalidad, de ahí que no entiendan "el porqué de la multa".
José Mora, patrón del Río Do Mar V, un barco gallego que está faenando por Guinea, explica que el bunkering es "habitual" en los pesqueros que no pueden hacer completa la marea -el periodo de faena-, un proceso al que todos se someten "cada 35 ó 40 días".
Pese a la aparente legalidad de sus actuaciones, los barcos no han recibido ni un sólo gesto de perdón por parte del Gobierno de Guinea. Si el día 28 no han pagado, las tripulaciones tendrán que regresar a Huelva y dejar en África sus barcos.
