La Comisión Europea dictaminó que el llamado céntimo sanitario -un impuesto fijado por las comunidades autónomas que grava los carburantes que se venden en las gasolineras y cuya recaudación se utiliza para financiar la Sanidad- no respeta la normativa europea, por lo que reclamó su revisión en el plazo de dos meses.
La exigencia de Bruselas adopta la forma de dictamen motivado, que es la segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en dos meses no se ajustan a las exigencias de Bruselas, podrían llevar el caso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE).
Los impuestos especiales sobre los hidrocarburos están armonizados a nivel comunitario y los aplican todos los Estados miembros. La normativa prevé además la posibilidad de que productos que están sujetos a impuestos especiales estén gravados además por otros impuestos indirectos de finalidad específica en determinadas condiciones definidas. En el caso de España, además del impuesto sobre los hidrocarburos armonizado a nivel de la UE, algunas comunidades autónomas aplican el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos el denominado céntimo sanitario. La recaudación se usa para financiar la Sanidad, una competencia que las comunidades tienen transferida.
Bruselas rechaza que el impuesto se aplique, no cuando los productos dejan el último depósito fiscal, sino en la fase posterior, cuando los productos se venden al usuario en la gasolinera. Además, cree que, dado que el objetivo del impuesto es "fortalecer la autonomía de las comunidades dándoles los medios para generar ingresos fiscales", no se ajusta a la obligatoriedad de tener una "finalidad específica" tal como la define el Tribunal de Justicia de la UE.
