Profesores universitarios, autores de los informes sobre el posible impacto del rascacielos, el comité español de Icomos y representantes de colectivos conservacionistas en contra del proyecto se reunieron ayer con la delegación. El arquitecto Jaime Montaner (autor del informe de 2010 y 2011), Ramón María Serrera, Mar Loren (autores del último), Javier Rivera, Carlos García Vázquez, Juan Miguel Hernández y Pablo Diañez (redactores del primero) ofrecieron argumentos urbanísticos, patrimoniales e incluso históricos que avalan que la torre no tiene un impacto negativo sobre el Archivo de Indias, la Catedral y el Alcázar, los tres monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. Y coincidieron en sus valoraciones. "Confío en su capacidad intelectual y sensatez, estoy satisfecho por el alto nivel de los representantes de Icomos", afirmaron.
Un comentario que también compartió Víctor Fernández Salinas, secretario del comité Español de Icomos, quien añadió que ambos conocen bien "España, el Patrimonio, nuestro modelo urbanístico y de crecimiento". "Esto me tranquiliza. Su informe no será sin base, me guste o no el resultado", apostilló.
Desde las 16.15 hasta cerca de las 19.00 horas, Aguiar y Petroncelli escucharon las tesis de las organizaciones contrarias al proyecto de Cajasol. En total, once personas participaron en esta reunión en la que hubo representantes de, por ejemplo, Ben Baso, Túmbala, Ecologistas en Acción o Arquitectura y Compromiso Social.
Ana Ávila, portavoz de Túmbala y vicepresidenta de Ben Baso, también aseguró que salieron "muy satisfechos de la reunión". "Tengo un buen palpito", apostilló. Estos colectivos le entregaron a la delegación un dossier con fotomontajes de la torre y le expusieron que el rascacielos de 178 metros de alto (80 más que la Giralda) tiene un impacto no sólo patrimonial, sino en el paisaje y funcional, por el caos de tráfico que provocará. "La ampliación del espacio Patrimonio de la Humanidad queda hipotecada y hemos subrayado la falta de transparencia con nosotros y con la propia Unesco", indicó Ávila tras exponer que defendieron que son una plataforma ciudadana, no política, y que los delegados le pidieron más datos sobre las posibles irregularidades urbanísticas.
"Fueron muy receptivos", mantuvo Ávila, un comentario que compartió con el resto de las personas que ayer se entrevistaron en la Gerencia de Urbanismo con la delegación.
A su juicio, la resolución podría estar redactada en 15 o 20 días. Además, esta veintena de asociaciones contra la torre destacó que puede ser la primera vez que una "misión reactiva" de la Unesco escucha directamente a entidades que han denunciado amenazas al Patrimonio Mundial.
Lo cierto es que la visita reabrió un debate muy presente en las redes sociales. La asociación Sevillasemueve registra ya 700 apoyos a la torre en twitter.
