"No hay ni guerra, ni catástrofe natural, ni un riesgo de daño al patrimonio de Sevilla, que se encuentra en el mejor estado de conservación que se le recuerda". No era una puntada sin hilo la frase pronunciada por Jaime Montaner, el arquitecto que defendió en los últimos años a Sevilla ante la Unesco, al conocer la resolución que amenazaba con incluir al Real Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias en la lista negra del Patrimonio de la Humanidad si no paraban las obras de la torre Pelli. Ninguno de los 35 espacios protegidos en peligro tiene la particularidad del caso sevillano, cuya única afección es el posible impacto visual que puede ocasionar a uno de los tres monumentos: la Giralda de Sevilla.
La mayoría de los casos en los que la Unesco ha incluido un espacio en la lista negra de patrimonio en peligro tiene cierta vinculación con conflictos armados. Es así desde el primer caso, el de la Ciudad Vieja de Jerusalén y sus murallas, que es la más longeva de la lista de patrimonio en peligro, en la que lleva tres décadas inscrita. Aunque la resolución, emitida en 1982, se ciñe a la amenaza de las excavaciones que se realizan en los alrededores, nadie pudo ocultar el trasfondo del conflicto armado existente en la zona.
La presencia de milicias y refugiados -unida a la caza furtiva- también fue el motivo para que cinco espacios naturales de la República Democrática del Congo declarados Patrimonio de la Humanidad -los parques de Virunga, Garamba, Kahuzi-Biega y Salonga y la reserva natural de Okapis- fueran apartados entre los años 1994 y 1999. Esa misma determinación se adoptó con otras zonas convulsas de África con reservas naturales caso de Níger, Costa de Marfil o Senegal.
Más de un tercio de los integrantes de la lista negra llegan por un conflicto bélico de por medio. Ni las últimas guerras, las de Irak y Afganistán, pasaron desapercibidas. Samarra, ciudad santa de la comunidad chií, recibió la distinción de Patrimonio de la Humanidad a la par que se declaraba en peligro por, sin mencionarlo, los ataques originados en la guerra de Irak. Más claro fue en el caso de Afganistán, donde se incluyó el Valle de Bamiyan en 2003, después de que los talibanes acabaran "de forma deliberada" con dos budas gigantes hechos en la montaña durante los siglos III y IV.
La otra razón de peso es la catástrofe natural. La ciudad de Bam (Irán) se incorporó en 2004 a la lista nada más sufrir un seismo de 6,2 grados que acabó con casi todas las viviendas -que estaban hechas de adobe-. Las tumbas de los reyes de Buganda también se sumaron a la lista de patrimonio en peligro, a petición de Uganda, que quería reconstruir esa joya histórica que quedó casi devastada por un fuego. Los vestigios de dos puertos históricos en Tanzania, víctimas de la erosión, o las oficinas salitreras de Chile, cuya situación se agravó por un terremoto, son otros ejemplos.
Al igual que con Uganda, una práctica habitual es la de pedir amparo a la Unesco para preservar el patrimonio de un país. Pakistán lo hizo para los fuertes y jardines de Shalamar en Lahore, que sufrían un fuerte deterioro en sus paredes exteriores; Perú, con la zona arqueológica de Chan Chan; o Belice, que incluyó su barrera de arrecifes ante la imposibilidad de paliar los daños causados por los pesqueros que faenan por aquellas costas.
Ninguno se asemeja al caso de Sevilla y su rascacielos. La advertencia de la Unesco se da por razones urbanísticas, una baza con pocos precedentes. El único similar es el de la catedral de Colonia (Alemania), que estuvo tres años en esa lista negra por proyectar varios rascacielos en su entorno. Esos proyectos se paralizaron y volvió a ser Patrimonio de la Humanidad, aunque obviando la presencia de Koln Turm, un edificio de 148 metros.
