La única desmotadora que trabaja ya en el Aljarafe sevillano tendrá que cerrar sus puertas y obligará a los productores de la comarca a transportar el algodón al menos cien kilómetros hasta industrias de la Vega o la zona del Bajo Guadalquivir. Se trata de una secuela más de la reestructuración del sector impuesta por Bruselas, que con la reforma de sus ayudas lo condenó a una caída de las siembras y a la clausura de unas fábricas cuya máquinas sólo sirven para eliminar la semillas de este cultivo y apilar la cosecha en fardos.
De las 22 desmotadoras que existían en España el verano pasado -la inmensa mayoría del algodón se produce en Andalucía-, sólo quedan ocho y serán siete pues una de ellas, Blanca Paloma, ubicada en la localidad de Aznalcázar, deberá echar el cerrojo a tenor de la reciente norma estatal que regula la reestructuración y decide las que sí y las que no cobrarán las subvenciones europeas necesarias para mantenerse en activo.
En concreto, la norma indica que las plantas que podrían beneficiarse de las ayudas serán aquéllas que hubieran tenido actividad en al menos tres de las cuatro últimas campañas (son las comprendidas entre 2006/07 y 2009/10). Cabe recordar, en este sentido, que parte de la subvención se recibe aún por volumen de cosecha producida -la otra parte, y mayoritaria, se percibe como pago único, esto es, como derecho histórico- y que la fábrica actúa de intermediaria, al cifrar la producción, su calidad, las primas adicionales, etcétera.
Un Real Decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ya publicado en el BOE, señala que se impuso el mencionado límite de campañas para posibilitar "la viabilidad de las industrias que permanezcan activas" tras el proceso de reestructuración al que está sometido el algodón, otrora considerado como el oro blanco de la agricultura de Andalucía y que tiene en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén sus principales campos.
¿Por qué se irá a pique Blanca Paloma? Fuentes de la patronal agraria Asaja de Sevilla explican que esa empresa dio servicio durante la campaña pasada, aunque no en las tres anteriores, de ahí que "con esa normativa se vería obligada a cerrar". Y cifra en 700 los algodoneros perjudicados por esa posible clausura, que tendrán que desplazarse para entregar sus cosechas a otras desmotadoras más lejanas, con unos costes de transporte que, dice, son inasumibles, al margen del impacto medioambiental que supondría.
Lo cierto y verdad es que cualquier cambio de norma es recibido con gran suspicacia en este sector agrario, que en épocas pasadas ha protagonizado grandes movilizaciones en el campo regional.
"Desde Asaja Sevilla consideramos que Blanca Paloma es vital para atender a los agricultores de la margen derecha del Guadalquivir", comentan las fuentes, que instan a la Consejería de Agricultura a que pida al Ministerio del ramo que "corrija ese error". Se dirigen precisamente al departamento de Clara Aguilera porque de él partió el documento con el que se ha elaborado la normativa estatal.
En opinión de la patronal, la nueva legislación vulnera la libertad de mercado y empresa, "y crea de facto una situación de oligopolio toda vez que sólo permite que se dediquen al desmotado de algodón aquellas empresas que lo hayan hecho en al menos tres de las últimas cuatro campañas, lo que supone crear unas condiciones artificiales que expulsan a una competidora e impiden también que otras fábricas puedan dedicarse a esta actividad".
Por tanto, la asociación agraria advierte de que llevará la normativa a las autoridades de la Competencia si no se cambia antes de que arranque la campaña el próximo septiembre.
