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La Universidad permite compaginar cargos para suplir la caída de plantilla

La figura del profesor asociado permite un ahorro a las facultades porque evita contratar más personal

el 05 ago 2013 / 08:00 h.

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Las restricciones presupuestarias han tocado de lleno a la universidad Las restricciones presupuestarias han tocado de lleno a la universidad Las universidades andaluzas difícilmente podrán contratar profesores nuevos el próximo curso. Las restricciones legales a la contratación de empleados públicos se lo impide y, en cualquier caso, la asfixia financiera que sufren ya ha imposibilitado que muchas mantengan la misma plantilla docente que el curso pasado. Sin embargo, el próximo curso sí podrán echar mano de funcionarios a tiempo parcial para cubrir esa pérdida de plantilla que han sufrido, principalmente entre los profesores asociados que no renovarán su contrato en septiembre. La Junta, a través del desarrollo de la reforma de una ley estatal, ha optado por fomentar la compatibilidad de puestos de trabajo entre el personal de la Administración. Para ello se ha suprimido la restricción legal que impedía a los funcionarios cobrar por el ejercicio de dos actividades públicas unas retribuciones superiores a las previstas para el cargo de director general en los Presupuestos del Estado (50.832 euros). Así, además, se favorece que los empleados públicos (médicos, ingenieros, abogados, economistas...) recuperen parte del salario perdido con los sucesivos recortes impartiendo más horas de clase en la facultad. Las restricciones impuestas por el Gobierno central a la contratación de docentes y el consecuente recorte de personal en las universidades andaluzas han empujado a la Junta a buscar alternativas “de menor coste” para suplir ese hueco. El desgaste de las plantillas se ha cebado, sobre todo, con el colectivo de profesores asociados (temporales sin plaza fijo). Para sortear esta situación, a finales del mes pasado el Gobierno andaluz levantó el tope legal de ingresos permitido para el personal al servicio de la Administración que compatibiliza su trabajo con la labor docente universitaria. Las universidades andaluzas, que arrastran una deuda millonaria y a las que la Junta adeuda 900 millones de euros, no están en condiciones de contratar más docentes el próximo curso, algunas ni siquiera pueden renovar a los profesores asociados que tenían el año pasado, prescindiendo de una parte importante. La Junta sostiene que el levantamiento de esta prohibición es una alternativa más económica. “La figura del profesor asociado no supone coste económico adicional, ya que no se vincula a contrataciones nuevas sino a sustituciones. Además, en este caso, siempre será más económico que el sueldo íntegro de un profesor”, explican desde la Consejería de Economía. La medida está prevista en la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, “que autoriza la superación del límite por acuerdo expreso de los órganos de gobierno autonómico o locales, cuando concurran razones de interés público”. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que desarrolla esta modificación de la ley estatal de incompatibilidades. La Junta se apoya así en el sector público de la Administración, muy azotado en los últimos años por continuos recortes salariales, e incentiva su implicación en la formación del alumnado “dada su amplia y reconocida perspectiva profesional”. La mayoría de profesores asociados salen de las áreas del Derecho Administrativo, la gestión pública y otras ramas especializadas como la práctica clínica en las enseñanzas de Ciencias de la Salud, Medicina, Enfermería, Odontología o Fisioterapia. La plantilla docente que suman las diez universidades andaluzas está en el entorno de los 18.000 profesionales, de los cuales unos 2.880 son profesores asociados (16%). Esta figura es el eslabón débil de la cadena universitaria. Se trata de profesionales que deben acreditar una actividad laboral externa a la enseñanza, la mayoría son abogados, ingenieros, médicos o economistas que dedican una parte de su tiempo a enseñar en las facultades de sus especialidades y aportan un enfoque metodológico menos academicista. Sus contratos son por un año y tienen que renovarse cada curso académico. Las restricciones económicas a la compatibilidad de puestos en un empleado público vienen definidas en una norma estatal de 1984, la llamada ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, que el Gobierno modificó en enero de este año. El artículo 7 de esta ley establecía como “requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos del Estado para el cargo de Director general”, ni que superara una tabla de límites en las retribuciones, diferentes para cada escala de funcionario: un 30% para personal del grupo A, un 35% para el grupo B, un 40% para los del C, un 45% para los del grupo D y un 50% para los funcionarios del grupo E

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