"Las aulas están casi vacías. Si queda alguien, aunque sea un profesor con dos alumnos, explicadles por qué nos manifestamos y decidles que se unan a la masa crítica. Necesitaremos sacos de dormir, comida y agua para el encierro de mañana [por hoy] en la universidad. Los recortes en educación no los van a retirar de un día para otro. Estaremos aquí mucho tiempo y será cansado. Si paráis un rato para comer, beber o echar un cigarrito, tened en cuenta que habrá quien esté esperando para haceros una foto y poder decir que somos unos flojos y hacemos lo que sea por no estudiar. Hay muchos que intentarán desprestigiar esta protesta".
Ante unos 400 estudiantes sentados a las puertas del rectorado de la Universidad de Sevilla, habla con un estilo didáctico Robert C., de 24 años, alumno de tercer curso que estudia para ser maestro, para acceder al mundo de la enseñanza que ayer se rebeló asfixiado por los recortes del Gobierno y salió de las aulas para gritar basta. La Hispalense, la segunda universidad del país en número de alumnos (60.000), representa en sí misma uno de los epicentros de la primera huelga general que afecta a toda la enseñanza. Profesores y alumnos de todos las etapas -desde la guardería hasta la Universidad- interrumpieron las clases del país.
El seguimiento de la huelga fue mayor en los niveles superiores que en los básicos. La Universidad, con un seguimiento del 95% de profesores y estudiantes, según los sindicatos, se convirtió en la punta de lanza de la protesta. En las etapas intermedias, los organizadores calculan que el paro fue secundado por el 62% de la plantilla en Andalucía (hasta el 80% en toda España). La Consejería de Educación rebajó el seguimiento al 25% (no se dieron cifras provincializadas), en torno a 25.000 profesores, una cifra superior a la de la huelga general.
El Ministerio de Educación cifró el seguimiento global de todas las etapas en el 22,7% del profesorado. El ministro José Ignacio Wert insistió en que el paro fue testimonial en algunas regiones y en otras superó el 50%, pero que, en general, "la mayoría de docentes fue responsable y acudió a su puesto de trabajo".
Al margen del baile de números, la huelga proyectó un puñado de imágenes impactantes: clases vacías, pasillos en silencio, asambleas de estudiantes y profesores acampados a la puerta de la universidad, cinturones policiales a pocos metros de las aulas, multitud de jóvenes con pancartas, con eslóganes de protesta, indignación y hartazgo, fotos del presidente del Gobierno, del ministro Wert y de políticos andaluces con cruces tachadas...
En Sevilla, las manifestaciones contra los recortes empezaron de madrugada, con una vigilia de estudiantes y maestros en varios institutos. Esto ocurrió en todas las provincias andaluzas, con una participación de 3.000 personas, según los sindicatos. Por la mañana, y dependiendo de qué barrios, los padres que llevaron a sus hijos a clase encontraron crespones negros "por la defunción de la escuela pública" colgando de la fachada de sus colegios. La sede regional del PP, en la calle San Fernando, amaneció manchada con pintura roja. Junto a la puerta podía leerse: "No a las tasas".
La Plataforma en defensa de la escuela pública, responsable de la convocatoria, ha logrado unir a los sindicatos de más peso (CCOO, UGT, CSIF, ANPE y STES) con la Confederación de padres de alumnos. La implicación de las familias es lo que convierte esta huelga en "un movimiento social, no sólo laboral", y lo que impidió que ayer el Gobierno fuera mucho más rudo al valorar el paro. Aún así, desde el PP advirtieron de que el profesorado se escuda en "supuestos principios educativos" para quejarse de sus nóminas. "Sin recortes, los maestros no cobrarían", dicen desde el ministerio.
Sin embargo, el papel determinante ayer lo jugaron los universitarios, y Sevilla fue un ejemplo sintomático de cómo el movimiento asambleario, que se ha gestado en el 15-M, puede consolidarse para reivindicaciones más concretas. Con un respaldo del 99% de estudiantes en la Hispalense, y del 80% en la Olavide, los universitarios decidieron prolongar su protesta hoy con un encierro en el rectorado a partir de las 20.00 horas. La Universidad, a través de las redes sociales, fue responsable de que la manifestación por la tarde ofreciera una imagen de seguimiento mucho mayor que el que se alcanzó durante la mañana en las escuelas.
No es casual que la huelga tuviera más incidencia en las etapas postobligatorias. Los más críticos sostienen que las reformas de Wert abren un surco de separación entre los alumnos que pueden costearse una educación superior a largo plazo y los que no: la subida de tasas universitarias, el endurecimiento de las condiciones para lograr una beca o la reducción de la oferta educativa en Bachillerato y FP caminan en ese sentido. "No todos los estudiantes que suspenden lo hacen por no estudiar. No todas las familias partimos del mismo punto ni tienen las mismas facilidades", protestaba ayer Elena Dorado, estudiante de 23 años.
El Cadus coordinó ayer a los grupos de alumnos para que fueran de aula en aula explicando el contexto en el que se han gestado los recortes. Es fecha de exámenes parciales y los jóvenes que lideran la protesta no quieren que las bibliotecas estén llenas de estudiantes preparando las pruebas. "Pido antorchas para quemar a Wert, a quien vaya a la playa o entre en esta biblioteca a estudiar en lugar de manifestarse", podía leerse en la puerta de la biblioteca de la Facultad de Educación. Dentro no había ni un alma.
La huelga busca presionar al Gobierno para que "no intente crear un nuevo sistema educativo a costa de asfixiar el que hay", dicen en UGT. El presupuesto estatal de educación ha disminuido un 21%, cuatro veces más que el de Defensa. El gasto escolar de las comunidades se apoya en la financiación autonómica, y el Gobierno les ha retirado el 66%. Con ese dinero, Andalucía pagaba la red de guarderías, la gratuidad de los libros de texto y ordenadores y los refuerzos para niño con problemas. El Gobierno aprobó esos recortes y una semana después anunció un ajuste adicional de 3.000 millones a través de duras medidas como subir la ratio o aumentar la jornada lectiva, lo que implicará despidos de interinos.
