La Pablo de Olavide dispone ya de alrededor de 40.000 euros en aportaciones de particulares para poder ayudar a los estudiantes con dificultades para pagar sus estudios. A la ayuda que ya comprometió la Diputación de Sevilla (de alrededor de 10.000 euros), en breve se le sumará una partida que se está negociando en estos momentos con la Fundación Persán y la Fundación Cajasol. El anuncio lo hizo el rector de la universidad, Vicente Guzmán Fluja, en el transcurso de un desayuno con los medios. En estos momentos, la Olavide no puede cuantificar cuántos son los alumnos con problemas para abonar las matrículas. No será hasta el mes de marzo, momento en el que ya habrá resolución del Ministerio de Educación sobre las peticiones de becas, cuando la universidad tenga una foto fiable de la situación del estudiantado. Será entonces el momento en el que se diseñarán los mecanismos para repartir el dinero a través de una comisión creada en el seno de la Fundación universitaria. Vicente Guzmán se felicitó de estas ayudas extraordinarias, pero insistió en la necesidad de que haya una ley de mecenazgo mucho más clara que garantice, además, una transparencia máxima. El rector de la Olavide repasó la situación actual de su universidad y el panorama dibujado no sorprendió a nadie. No hay dinero, no se pueden convocar plazas y la situación de la investigación es penosa. Pero sí fue especialmente beligerante con la denominada tasa de reposición. La imposición del ministro Cristóbal Montoro de que no se cubra más del 10% de las plazas que dejan los funcionarios por jubilación o fallecimiento solivianta al rector de la Olavide. Por ley, la plantilla de la universidad debe contar con un 51% de profesorado funcionario. Esta norma ha quedado en papel mojado al aprobarse la tasa de reposición ahora hace dos cursos. La Olavide tiene un 28% de profesorado funcionario y la tendencia será a la baja. De hecho, este curso han empezado las clases con 48 docentes menos, entre asociados que no han renovado, comisiones de servicio extinguidas y plazas amortizadas. Por debajo de estos números avisó el rector no podemos trabajar con calidad. En un par de año, esa calidad que ahora ofrecemos a duras penas está seriamente comprometida. Guzmán recordó que las universidades españolas siguen pidiendo a gritos a Montoro que se replantee la tasa de reposición. Si no su supresión, al menos un porcentaje más alto (un mínimo del 30%). Pero Hacienda no ha dado signos precisamente de ser receptiva. Más bien al contrario: el rector desveló que el PP en el Congreso (con mayoría absoluta) tiene presentada una enmienda a los presupuestos de 2014 para que la tasa de reposición no sólo afecte a catedráticos y profesores titulares (funcionarios), sino también al personal laboral. Si se abre el debate reflexionó el rector sobre si hay que tener o no funcionarios en la universidad, que se abra, pero con todas las consecuencias . Los profesores universitarios de hoy sentenció pasan unos estándares de calidad en los procesos de acreditación como nunca, en alusión a las críticas recurrentes de endogamia. De hecho, el rector de la Olavide se pertrechó de una batería de datos con los que demostrar el buen uso que hace la universidad pública de los fondos que recibe. La tasa de rendimiento (el número de créditos aprobados por los estudiantes) es de un 75,76%. La media nacional se sitúa en un 69,70%. Según el rector, la Olavide es la universidad andaluza con mejor tasa de rendimiento, aunque no ofreció los datos del resto de los campus, y la octava en España. Por otro lado, el volumen de terceras y cuartas matriculaciones en la Olavide está por debajo del 10%, y la tasa de abandono, en el 15%, por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un 15,5%, y de España, en torno al 30%. Guzmán anunció la puesta en marcha para finales de año de la inspección de servicios con el fin no de vigilar sino de hacer un seguimiento del cumplimiento de la tarea docente del profesorado (ha sido muy cuestionada la posición del profesorado durante la última huelga) . Por último, y ante la imposibilidad de cubrir el puesto de Defensor universitario, propondrá al Consejo de Gobierno el nombramiento del candidato Juan Daniel Ramírez como comisionado por un año máximo y hasta que se celebren de nuevo elecciones.
