El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Vicente Guzmán, ha expuesto este martes, en el transcurso de la celebración de sesión de Claustro, que la institución académica, por sus dimensiones limitadas, se ve "penalizada" por el actual modelo de financiación --cuyo cambio ha solicitado, ya que cualquier "impacto" en el mismo acaba afectando más profundamente a esta sede--, en el marco del cual la Junta de Andalucía acomete exclusivamente el pago de las cantidades precisas para el pago de nóminas.
"Nuestro horizonte es el mismo que ya nos dibujaron: si tenemos una urgencia grande nos darían lo justo, por lo que recibimos el dinero preciso para la supervivencia pura y dura", ha resumido Guzmán durante la exposición de su informe como rector de la UPO, en el que ha desgranado la situación normativa y económica que afronta el sector de las universidades públicas.
Dicho informe, dado a conocer junto al de la gestión realizada desde que Guzmán tomara posesión de su cargo el pasado mes de junio --que ha cosechado 64 votos a favor, ninguno en contra y 21 abstenciones, según han informado a Europa Press fuentes de la entidad--, ha incidido en el "ataque" a la universidad pública y la "monitorización y control exhaustivo" al que se ve a día de hoy sometida la misma como institución, viéndose obligada a dar cuenta mensualmente de todos sus movimientos económicos.
A expensas de que un segundo Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pueda establecer líneas de ayuda que permitan aliviar los problemas de pago a proveedores --el primero "no llegó" a las universidades--, el rector ha incidido en la necesidad de "priorizar" sus fondos, habida cuenta del recorte presupuestario de hasta un 10 por ciento de la Junta para con las instituciones universitarias andaluzas, que en el caso de la UPO desembocó incluso en la elaboración de un plan de reequilibrio financiero ante la tesitura de que no podía preparar sus presupuestos al no cuadrar ingresos y gastos, y la "falta de liquidez" derivada de que no siempre acaban haciéndose efectivas las transferencias comprometidas, lo que deriva en que la universidad acaba "con el agua al cuello".
Y es que, ha expuesto Guzmán, las vigentes circunstancias se traducen en un "agobio mensual" en el que "no se sabe qué podremos pagar". Con todo, ha expuesto su convicción de que la Pablo de Olavide cuenta con capacidad "suficiente" para salir adelante, aludiendo a la especialización docente y a la ejecución de proyectos "realistas" y "abarcables", que permitan una financiación vía mecenazgo --criticada, por sus posibles implicaciones, en las posteriores intervenciones de los claustrales--, como los principales instrumentos para "tirar del carro y abandonar este periodo oscuro".
Asimismo, ha admitido que la Junta de Andalucía mantiene políticas "diferentes" a las del Estado, lo que "nos permite sentirnos, como universidades, un poco más respetadas", si bien ha lamentado el hecho de que se vean obligados a cumplir acuerdos adoptados en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) que pueden redundar en aspectos tales como la no renovación de contratos, bajo la advertencia de que un incumplimiento que no esté debidamente justificado derivará en una disminución de la financiación.
ACREDITACION DE IDIOMAS Y PROBLEMAS INFORMATICOS
Posteriormente, y a requerimiento de un claustral, Guzmán ha asegurado que hay "razonables" expectativas de garantías de financiación en el caso de seguir los extremos del CAU, que se llevan a cabo por "imperativo legal" y que, pese a no tener rango de normativa, "siempre vendrá mejor cumplir que incumplir", siendo la única alternativa que las sedes académicas se declaren en "rebeldía".
De esta manera, la UPO se ve afectada por los mismos problemas que los de todas las universidades públicas, como los de los ayudantes doctores --cuya conclusión ha sido "insatisfactoria", al quedar éstos limitados a la categoría de interinos-- o las dificultades derivadas de la tasa de reposición del 10 por ciento, y que ha desembocado en la impugnación de las promociones y la petición por parte de la Abogacía del Estado de que se suspendan las tomas de posesión de estas plazas.
Por lo demás, el rector de la UPO se ha congratulado de la ralentización de la reforma universitaria pretendida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la cual ha criticado la "descapitalización" y, especialmente, la "obsesión" por los rankings, que dejaría unas pocas universidades "potentes" y un cúmulo de sedes académicas que serían "meras expendedoras de títulos".
En lo tocante al informe de gestión, Guzmán ha destacado cómo el equipo de gobierno afrontó el Plan de Ordenación Docente Universitario; cómo pretende enfrentarse al "enervante" y recurrente problema informático en periodos de matriculación --ya en vías de solución--, que deriva en molestias para los alumnos y sobrecarga de trabajo para los empleados de la UPO; la regularización de servicios mediante su salida a concurso, incidiendo en importantes bajas sobre los precios establecidos; la intención de aprovechar toda la potencialidad del programa de gestión de datos 'Universitas 21'; o el trabajo "a destajo" contra el "brutal" problema de la obligatoria acreditación de idiomas y las limitaciones existentes en este sentido.
Entre las futuras líneas de actuación, el rector de la Pablo de Olavide ha destacado que se trabaja para culminar un protocolo de prevención de riesgos psicosociales, la pretensión de fortalecer la oferta académica mediante la promoción de la docencia en inglés en asignaturas de las distintas titulaciones de grado, la elaboración de un Mapa de Grupos de Investigación o, en materia estudiantil, el planteamiento para implantar la progresividad en los precios públicos que dependen de la UPO, "de tal manera que aporten más aquellos que más tienen y menos los alumnos con menos recursos".
INFORME DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO
Tras la presentación de las líneas de actuación por parte del rector, ha sido el turno del Defensor Universitario de la UPO, Eduardo Gamero, quien ha presentado el Informe Anual de la Defensoría Universitaria correspondiente al curso académico 2011/2012, el cual ha sido aprobado por asentimiento del Claustro.
Entre otros aspectos, el informe muestra un incremento de los expedientes formales tramitados en el curso 2011/12, que ascienden a 146, lo que supone un aumento del 12,3 por ciento. Como datos destacables, a Gamero le parece "evidente" que la crisis económica ha conducido a un deterioro de los servicios universitarios, que se ha hecho especialmente notorio en los programas de becas y ayudas.
La situación está suponiendo un "gravísimo" deterioro de los programas de movilidad académica, que actualmente constituyen una parte esencial de la formación universitaria, en la que el dominio de idiomas y la experiencia académica comparada son exigencias tanto de los planes formativos como de la inserción laboral. Asimismo, la aplicación del plan de ajuste, con el cierre total de instalaciones en agosto, supuso retrasos y disfuncionalidades que acabaron afectando de forma muy significativa en septiembre al proceso de matrícula para el curso académico 2012/13.
No obstante la gravedad de las circunstancias, el informe concluye que ello no está conduciendo a una desmotivación del personal de la universidad ni de sus órganos de Gobierno, pues a pesar de la sobrecarga de trabajo que vienen soportando los servicios administrativos la conducta demostrada en momentos especialmente duros ha sido "ejemplar".
