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La Utopía agrieta el pacto

PSOE e IU airean una inesperada e insólita crisis de Gobierno por sus diferencias sobre el realojo de las 22 familias de la corrala con un pulso interno entre Presidencia y Fomento.

el 09 abr 2014 / 22:10 h.

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El realojo de las 22 familias de la Corrala Utopía en Sevilla derivó ayer, sorprendentemente, en el más notable encontronazo público entre los socios de Gobierno, PSOE e IU en lo que va de mandato. El de ayer no fue el conflicto más duro al que se han enfrentado en estos dos años de legislatura, pero se gestionó como si lo fuera, de forma descoordinada y escenificando una inestabilidad política que hasta ahora se habían esmerado en evitar. Al contrario que otras veces, en las que ambas partes se han quitado hierro a cualquier desavenencia surgida en el seno del Gobierno (el impuesto de grandes superficies, que IU reclamaba y los socialistas vetaron), en esta ocasión ninguno de los dos intentó ocultar que el desacuerdo ha hecho temblar la tierra y que fue necesaria (e infructífera) la interlocución directa del coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz. La escena que se vivió ayer en los pasillos del Parlamento, al margen del pleno, fue insólita. Por la mañana, la Consejería de Fomento (IU) había anunciado una solución inminente para las 22 familias de la corrala: 10 serían realojadas en viviendas del parque público de la Junta, y 12 por medio de un alquiler privado. Pero minutos después, la Consejería de Presidencia (PSOE) rectificó esta versión, aseguró que estas familias serían derivadas a los servicios sociales (también hay niños y ancianos afectados) y se acogerían al procedimiento normal para acceder a una vivienda social, igual que muchas otras familias en la misma o peor situación de exclusión. Esta contradicción no se corrigió por la tarde, al contrario, se agravó. Después de momentos de incertidumbre en el Parlamento, con carreras de por medio y los socios de Gobierno actuando por separado, el portavoz de IU, José Antonio Castro, explicó a los periodistas que Fomento seguía adelante con su guión, y aclaró que actuaba de acuerdo a un mandato judicial (del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, de 25 de febrero). Castro confirmó el realojo «inmediato» (hoy o ayer) como medida «transitoria y excepcional». Minutos después, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, volvió a corregir la versión de IU y dijo que debía «rectificar». «El realojo como se ha planteado no respeta la normativa de la Junta», aseguró. Castro, con el auto judicial en sus manos, insistía en que el gabinete jurídico de Fomento había garantizado que «no existe ese hipotético problema legal» del que hablaba el PSOE. Vázquez, en cambio, sostuvo que los servicios jurídicos centrales de la Junta advertían de que no se podía poner a estas 22 familias por delante de otras que también necesitan una vivienda, ya que esto generaría «inseguridad jurídica» y provocaría un «efecto llamada» en las otras 10.000 familias sin residencia que hay en Sevilla. «Ha habido un exceso lingual del portavoz de la Junta», se quejaron desde la coalición. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), eludió hablar con la prensa, y tampoco lo hizo el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez. Desde el día antes y en la misma mañana de ayer hubo conversaciones entre la dirección de PSOE e IU y, sin embargo, no se evitó el choque de trenes en el Parlamento. La espita que hace saltar el conflicto, según fuentes consultadas, tuvo lugar por la mañana en el consejillo, la reunión de los viceconsejeros del Gobierno que coordina Presidencia. En ella, el número dos de Fomento, José Antonio García Cebrián, quiso explicar que había diez VPO disponibles para las familias de la corrala, y para el resto pisos de alquiler. Cebrián quería anunciarlo, pero según estas fuentes Presidencia lo frenó y zanjó la reunión. Las diferencias entre PSOE e IU  tienen una explicación jurídica y otra política. La primera es que Fomento cuenta con los informes de las 22 familias afectadas que elaboraron los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, una documentación que también estaba en poder del Defensor del Pueblo Andaluz, que hizo un seguimiento de la corrala desde el principio. El departamento de Elena Cortés [que ayer se encontraba en Colombia] se acoge a esos informes y al auto judicial para legitimar un «realojo transitorio [hasta octubre] y excepcional» que no puede, dice, extrapolarse a otras familias en riesgo. La lectura política es más compleja. IU no está dispuesta a que el PSOE obtenga rédito en materia de vivienda «a costa del esfuerzo diario» de la federación, cuyo mayor logro político ha sido la ley antidesahucios. Algunas fuentes apuntan a que Díaz y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, tenían previsto comparecer hoy juntos para anunciar una salida al problema de la corrala, por eso IU decidió precipitar el realojo. Ayer tarde, la oficina del portavoz emitió una nota para informar de que la presidenta y el alcalde comparecerían hoy en San Telmo (sin explicar el motivo), y minutos después se envió otro comunicado aclarando que se abordaría el futuro de Altadis. La dirección de IU se indignó ayer porque el PSOE haya decidido escenificar un planteamiento más próximo a lo que defiende el Ayuntamiento de Sevilla (PP), con quien Fomento mantiene un pulso hace meses. Maíllo acusa a Zoido de dinamitar un preacuerdo que había entre Junta, Ayuntamiento e Ibercaja (propietaria de los inmuebles ocupados) para dar salida a las familias. Dicho acuerdo saltó por los aires el domingo pasado, cuando un juez ordenó a la Policía desalojar a los inquilinos. Tras este suceso, Fomento instó al alcalde a facilitar alguna de las 500 VPO vacías que tiene en Sevilla, a lo que éste respondió que los pisos ya están asignados. Entonces hubo un cruce de cartas entre Zoido y Díaz. Primero el alcalde muestra sus dudas sobre cualquier medida que prime a las familias de la corrala sobre otras. La presidenta responde que se cumplirá escrupulosamente la ley. IU se sintió desplazada a última hora en la solución del conflicto y optó por precipitar el anuncio del realojo. El PSOE trató de deshacerlo, sin eludir el enfrentamiento abierto con su socio, apelando a la «seguridad jurídica», y acusó a IU «de ir por libre sin atender a la ley». En este pulso por ganarse el protagonismo en la escena política (de fondo las elecciones europeas de mayo) PSOE e IU han sumido en el desconcierto a 22 familias, que pasaron de la alegría al llanto en cuestión de horas. Es probable que sea el PP quien rentabilice políticamente esta inesperada crisis. Buscarle las grietas al pacto de Gobierno es algo que los populares llevan intentando sin éxito desde antes de que se consumara el acuerdo PSOE-IU. Seguramente ayer lo consiguieron sin mover un músculo, asistiendo desde la platea a un pulso incomprensible.

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