Las viviendas terminadas caerán un 42%, las ventas un 30% y las hipotecas un 26% en 2008, según las previsiones de los empresarios, que ayer, ante tantos males, lanzaron algunos de sus remedios: que la Junta avale a los compradores de VPO, que se agilicen los trámites para construir y se flexibilice la ley.
Aprovechando los datos del Pulsímetro Inmobiliario del Instituto de Práctica Empresarial que se presentó ayer, la patronal de la construcción (Gaesco) lanzó ayer algunas recetas para paliar los efectos de la crisis del ladrillo. Una de ellas es que el Gobierno andaluz avale económicacamente a los compradores de viviendas protegidas con menos recursos.
Miguel Rus, presidente de Gaesco, explicó que la Junta, al igual que hace con las VPO de alquiler, debería avalar a los demandantes con menos ingresos para asegurar su acceso a un piso y dar, así, garantías a los bancos. En el caso de impago, el Ejecutivo recuperaría la vivienda y la destinaría a otra persona. Existen 80.000 demandantes de VPO en Sevilla, si bien la mitad no cumple los requisitos.
"El grifo de la financiación sigue cerrado", advirtió Rus, tras apuntar que ésta es "una de las crisis más complejas que se han conocido". No obstante, abogó por lanzar un mensaje positivo porque no será la única ni la última crisis.
Para los empresarios, la clave no está en los precios de los pisos, sino en la cuota que tiene que pagar el comprador al mes. De hecho, el director de la cátedra inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial, José Antonio Pérez, argumentó que la "insostenibilidad financiera" se hace evidente al ser un salario medio de 1.270 euros mensuales, cuando una hipoteca de 250.000 euros equivale a una cuota mensual de 1.127 euros. Eso sí, Rus no achacó todo el problema a los bancos: "Asumimos nuestros errores. Antes, se hicieran las cosas bien o mal, se ganaba dinero".
"La Administración tiene la obligación de garantizar la financiación del Pacto Andaluz por la Vivienda", señaló el presidente de Gaesco, quien coincidió con Pérez al recordar que en el preámbulo de ese pacto se defiende que ningún andaluz desembolsará más de un tercio de su sueldo para comprar su casa.
Con todo, el portavoz de la patronal insistió en que la mejor manera de generar confianza sería que la Junta ampare la VPO. Aunque, a su juicio, la vivienda protegida no es la solución a todos los problemas. "No creo en un plan de VPO sin tener en cuenta la renta libre", apostilló. Por este motivo, exigió la flexibilidad de la normativa para construir. "Se ha regulado -dijo- para una situación de desenfreno y ahora hay que desregular para que el paro no llegue a situaciones de hace años", avisó. Tal exceso de legislación, a su juicio, ha llegado a paralizar un sector que es el motor económico.
Además, el presidente de la patronal de la construcción también puso al Ayuntamiento en la diana de sus críticas. En primer lugar avisó de que los empresarios no empezarán a urbanizar las grandes bolsas de suelo de Sevilla (con 10.000 VPO previstas) hasta que el Consistorio no empiece a construir las grandes infraestructuras. "¿De qué sirve empezar a urbanizar si no se sabe cuándo estarán vías como la SE-35 o cuando no está garantizado el suministro eléctrico? El reto del pacto local es poner plazos", dijo.
Al tiempo, indicó que será "difícil" firmar el pacto local por la vivienda con los sindicatos y defendió que el Plan Municipal 2008-2012 se podía haber firmado hace dos años. "El anterior fue un éxito (pactado por Urbanismo y Gaesco) y se debería haber reeditado este modelo", frente al nuevo en el que participan todos los agentes sociales.
