«Tened cuidado, a ver si os echan algo raro en la bebida», decían. Lo que parecía una advertencia infundada de los padres para que los hijos extremaran el cuidado cuando salían por la noche se destapa como una realidad cada vez menos excepcional. En el argot forense lo llaman sumisión química y consiste en la administración de sedantes a una persona, sin su consentimiento, con fines delictivos. Aunque esta sedación puede utilizarse también para cometer robos o incapacitar a una persona, se usa especialmente para cometer una agresión sexual.
Los relatos de las víctimas de estas agresiones suelen ser calcados. No recuerdan nada, no saben cómo han llegado al lugar donde recobraron la consciencia y en la mayoría de casos su último recuerdo incluye la ingesta de una bebida. La advertencia de aquellos padres no era casual: el escenario más común para estos delitos es aquel en el que el agresor administra un sedante a la víctima en una bebida sin que esta sea consciente de ello.
El Instituto de Medicina Legal de Granada, centro andaluz de referencia en este ámbito, se encuentra actualmente inmerso en un estudio sobre este tipo de agresiones. El centro granadino ha recibido en el último año nueve casos de supuesta sumisión química, de los que cinco fueron descartados y aún continúan en estudio cuatro. No se disponen de resultados concluyentes todavía, pero uno de los objetivos principales de este proyecto es recordar la necesidad de tener en cuenta el posible suministro de droga a la víctima en el momento de llevar a cabo una exploración y solicitar analíticas, explicó a Efe la directora del centro, Nieves Montero de Espinosa.
Aunque el uso de drogas para doblegar la voluntad humana no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha detectado un aumento del número de casos. España, a rebufo de países como Francia o Estados Unidos, empezó a tomarse en serio la sumisión química hace dos años. En 2012, el Instituto Nacional de Toxicología (INT), dependiente del Ministerio de Justicia, difundió un protocolo de actuación para coordinar las investigaciones de aquellos delitos en los que se sospechara que la víctima fue sedada intencionadamente.
Pero precisamente ahí radica la complejidad del asunto. Según un artículo del INT publicado en junio de 2011 en la Revista Española de Medicina Legal, entre los factores que han contribuido a que la sedación química sea un arma cada vez más usada en las agresiones sexuales (principalmente entre jóvenes) está la facilidad con la que las sustancias usadas desaparecen del organismo humano sin dejar ningún rastro. A ello se une el efecto de amnesia anterógrada (incapacidad para recordar hechos nuevos sin que se vean afectados recuerdos antiguos) que estas sustancias provocan en las víctimas.
Los obstáculos para luchar contra este fenómeno no acaban ahí. Muchas de las sustancias que se usan como sedantes son fáciles de obtener legalmente. Es el caso del alcohol etílico y las benzodiacepinas, una familia de medicamentos frecuentemente prescritos.
Ante ello, la investigación de estos casos centra sus esperanzas de éxito en tres tipos de análisis: sangre, orina y cabello. Los dos primeros sólo son útiles si se realizan en un periodo no superior a los dos días (en el caso de la sangre) o los cinco días (si se trata de la orina) después de la agresión. En el caso del análisis capilar, el margen para detectar la droga es mayor, tomando como muestra el segmento del pelo nacido tras la ingesta del sedante, pero la instrumentación necesaria es costosa y no se encuentra en todos los laboratorios. En la mayoría de los casos las víctimas tardan en tomar consciencia de su violación, lo que minimiza las posibilidades de detectar estas drogas en su organismo.
En el ámbito jurídico, la sumisión química se introdujo en el año 2010 en el Código Penal. Este concepto fue incluido en el apartado de abusos sexuales. Desde ciertos sectores del gremio forense esta consideración fue criticada por no tipificar el uso de sedantes con fin sexual como un agravante y, por tanto, no ser incluido en las agresiones sexuales.
