En España hay mayor sensibilidad contra la violencia de género que en otros países europeos donde "sigue siendo tabú", pero los instrumentos para proteger a las víctimas son más lentos. Esa es la radiografía que ofreció ayer la eurodiputada socialista Carmen Romero ante una treintena seleccionada de jueces, fiscales, abogados y expertos en la materia reunidos en Sevilla por El Correo de Andalucía en el foro de debate Hablemos de Europa. Romero impulsó, junto a la eurodiputada popular Teresa Jiménez Becerril, la iniciativa española para imponer una euroorden de protección para las víctimas que permita a éstas desplazarse de país sin tener que iniciar el proceso para obtener esta medida cautelar. La iniciativa fue aprobada por mayoría en el Parlamento europeo pero chocó con las reticencias de la Comisión Europea y no goza del consenso del Consejo que permitiría sacarla pese a ello.
El problema parte de la misma definición y clasificación del delito en cada Código Penal, y de dónde parte la orden de protección. Si en España sólo las puede dictar un juez, en otros países hay órdenes administrativas acordadas por alcaldes o policías. Por ello, es preciso una cooperación no sólo penal y la Comisión Europea deja claro que si es precisa la cooperación civil, la iniciativa no puede partir de Estados miembros sino de la Comisión. Si la euroorden se limita solo a la cooperación penal, solo sería válida en los países en los que esta protección cautelar es dictada por un juez, pero países contrarios como Alemania, Austria o Hungría plantean que el resto también establezcan mecanismos civiles y existan dos mecanismos de coordinación. La propuesta española hablaba de reconocer "resoluciones judiciales o equivalentes" y proponía crear una autoridad judicial en cada país que decidiera el órgano encargado de dictar las órdenes.
Curiosamente, Romero describió un panorama en el que "la conciencia en España es mayor que en otros países pese a que la realidad de la violencia no es distinta" porque "la violencia de género sigue siendo tabú en Europa y la sensibilidad de los medios de comunicación no es igual". Sin embargo, "en Europa las mujeres denuncian más, se defienden más, piden ayuda más pronto y hay instrumentos civiles más rápidos". De hecho, señaló como un problema grave de España que "el 80% de las denuncias no proceden de las mujeres sino de la Policía, amigos o vecinos".
Estadísticas homogéneas. La eurodiputada socialista lamentó que ni siquiera es posible cuantificar el total de víctimas en Europa -un informe del organismo internacional Wave de Austria habla de 2.500-, ya que hay países que computan los crímenes machistas dentro del total de homicidios. La iniciativa impulsada por España reclamaba un Observatorio europeo con instrumentos para homogeneizar las estadísticas que no se ha puesto en marcha y que tampoco es aceptado por todos los países.
Romero justificó la importancia de que una víctima, una vez que logra esa protección, pueda desplazarse libremente y la medida siga vigente esté dónde esté. Solo en 2009, en España se dictaron 102.000 órdenes y más de 4.000 protegían a mujeres rumanas, unas 800 a inglesas, 450 a víctimas búlgaras y más de 300 a alemanas. "España es un país más aislado pero Alemania, Austria o Hungría están pegados y las víctimas se desplazan para rehacer su vida", destacó la eurodiputada socialista, que lo vinculó al derecho de libre circulación reconocido a los ciudadanos europeos.
No obstante reconoció el problema que plantea que todos los Estados miembros, con sistemas jurídicos muy diferenciados, reconozcan lo que no es ni siquiera una sentencia sino una medida cautelar. Máxime cuando la medida no es adoptada en todos los países por los mismos órganos y en Europa solo está regulada la cooperación penal entre los Estados miembros.
Cuestión de dinero. Ante una treintena de jueces, fiscales y abogados especializados en violencia de género, y tras reconocer la encrucijada política y jurídica en la que se encuentra actualmente la iniciativa, Romero aprovechó para pedir a los juristas consejo sobre cómo resolver los problemas jurídicos.
La alternativa que ha puesto la Comisión Europea sobre la mesa prevé diseñar un paquete de medidas de atención y protección comunitaria para víctimas de distintos delitos pero a su juicio "ahí hay un mal de fondo", sobre todo por parte de los países centroeuropeos más reacios a la euroorden, que en el fondo "es cuestión de dinero". Romero reconoció que la protección a estas víctimas implica asistencia jurídica, acompañamiento con traductores y una serie de derechos que implican inversiones, y países como Alemania "lo primero que quieren es tener un estudio de impacto económico".
Pese a reconocer las dificultades de que la iniciativa tal cual salga adelante, tanto Romero como los asistentes al foro se congratularon de que la lucha contra la violencia de género centre el debate europeo y se haya puesto el foco en esta lacra social en un momento en que las instituciones europeas tratan de abrir un espacio de justicia comunitario. "No es un problema de violencia exótica, como la mutilación genital de la que siempre habla la comisaria Reding , sino que es un problema de violencia que tenemos nosotros", recordó.
