Se confirma el temor: hace unos días que el consejero de Vivienda, Juan Espadas, admitió públicamente que iba a ser difícil sacar adelante el plan autonómico de Vivienda Protegida de la Junta porque la crisis ha hecho que las Cajas se retraigan a la hora de financiar la construcción de VPO. Ahora es la patronal, en plena coincidencia con el gobierno andaluz, la que denuncia el endurecimiento de las condiciones para conceder créditos por parte de la Banca. El círculo vicioso de la crisis de nuevo castiga a los ciudadanos de menos renta, es decir, que la construcción de VPO, llamada a ser el sostén del debilitado sector del ladrillo, puede irse al traste porque un alto porcentaje (casi la mitad, según los empresarios) de los adjudicatarios de viviendas protegidas no pueden hacer frente al pago de las mismas porque no encuentran ninguna entidad bancaria que les preste el dinero. Parece razonable que los bancos, en este periodo de inseguridad económica, se vuelvan más estrictos a la hora de estudiar a los demandantes de créditos, toda vez que el origen de la crisis ha sido justamente la ligereza con que se han concedido hipotecas en condiciones de práctica insolvencia. En España, la morosidad aumenta a consecuencia de la crisis, aunque no a los niveles que se preveían inicialmente. Pero iniciativas de carácter social como las viviendas protegidas deberían beneficiarse, en el modo que la legalidad permita, de garantías oficiales que respalden a los compradores para evitar el desmoronamiento del sistema y la regresión que ello implica. El consejero de Vivienda ya anunció que su agenda de reuniones con los sectores afectados se intensificará en septiembre para tratar de dar solución a esta pescadilla que se muerde la cola y que difícilmente se resolverá sin el apoyo del sector público. La vivienda es un derecho de primer orden y la crisis no puede privar a nadie de él.