Hace cuatro años, cuando la crisis no asomaba, los partidos fueron a las urnas con un ambicioso programa de vivienda pero también con unas reglas del juego claras para poner coto a los desmanes urbanísticos. La etapa de la burbuja inmobiliaria dejó tropelías como el hotel El Algarrobico, en pleno parque natural de Cabo de Gata. Ahora la estampa es otra. La falta de crédito ha convertido esas promesas en papel mojado, casi no se hace VPO y la construcción ha sido la que más trabajadores ha dejado en la cuneta, en parte por los impagos de las administraciones a los proveedores. El panorama es desolador, tanto que para intentar remontarlo lo que se vislumbra en el horizonte es una rebaja de los límites al ladrillo. La reforma de la Ley de Costas que prepara el Gobierno central planea una amnistía de buena parte de las casas levantadas en el litoral y de los chiringuitos, que están en ascuas. La Junta también ha sentado las bases para regularizar miles de viviendas ilegales. PSOE y PP coinciden en que la resurrección de la construcción será clave para superar la recesión.
Las propuestas de los grandes partidos son, no obstante, muy distintas. También lo son los discursos de sus candidatos. El aspirante del PP, Javier Arenas, se jacta de decir, ante el abrigo de los empresarios y sin ningún pudor, que la economía sostenible es una "milonga" y que Andalucía tiene que aspirar a ser, "sin complejos, la primera zona residencial de Europa". En la costa, donde obtiene un apoyo casi hegemónico, asegura que votar al PP es salvar a los chiringuitos, cuya situación está en el aire pese a los acuerdos de 2009. Un 50% de estas instalaciones a pie de playa continúa con sus licencias sin resolver. Su futuro estará garantizado si prospera la reforma de la Ley de Costas que ultima el Ejecutivo y que ha levantado ampollas entre los ecologistas.
Los populares andaluces apoyan sin fisuras la modificación de esta norma, que destroza la actual ley de 1988. Bajo la premisa de que hay que conciliar la protección del litoral con la actividad económica, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente flexibilizará el proceso para dejar en manos privadas el terreno público de la costa si se encuentra degradada. El boom del ladrillo, el denominado milagro español, dibujó una línea de viviendas de dudosa legalidad en el horizonte marítimo. Ahora estas casas quedarían salvadas. El argumento del Gobierno es que durante estos 25 años los deslindes -el trámite que separa la línea pública y privada- han seguido criterios "arbitrarios" y ha generado "inseguridad jurídica" entre los propietarios afectados.
Dar seguridad jurídica a los dueños de las viviendas también fue el razonamiento que esgrimió la Junta para aprobar a principios de este año un polémico decreto que regulariza el 90% de construcciones levantadas en las últimas décadas en suelo no urbanizable. El 10% restante no podrá regularizarse y, si la vía judicial lo permite, estas casas serán demolidas. La Junta no dispone de un censo oficial de viviendas construidas en suelo no urbanizable, pero estima que hay unas 250.000. Sí hay recuentos en las zonas más conflictivas. Por ejemplo, unas 40.000 casas en Cádiz saldrán del limbo legal, 12.000 se indultarán en Almería, principalmente en el valle del Almanzora, y unas 11.000 en la Axarquía malagueña. También los ecologistas culpan al Gobierno andaluz de haber abierto la mano con el ladrillo ilegal y temen que se dé marcha atrás a la protección urbanística conquistada.Tanto PSOE como PP defienden en sus programas electorales que hay que seguir avanzando hacia una ordenación del territorio equilibrado, sostenible, pero ambos se cuidan de demonizar al sector de la construcción. Los socialistas reconocen que "jugará un papel importante en la economía", pero, eso sí, culpan al ladrillo de parte de la crisis y del cierre del crédito bancario. El PP lo defiende abiertamente, promete que protegerá a los "compradores de buena fe" y apuesta por impulsar los campos de golf como motor económico.vpo estancada. También ha habido un giro de 360 grados en las promesas de los partidos en política de vivienda pública. En las autonómicas de 2008, el PSOE fue a las urnas con una promesa estrella: una ley de vivienda que permitiría el acceso a un piso protegido a quienes ganaran menos de 3.000 euros al mes. El instrumento para materializarlo es un ambicioso Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 que preveía construir 132.000 nuevas VPO. La promoción pública de vivienda estaba llamada a ser una de las piedras angulares del la gestión del Gobierno andaluz, tanto que Manuel Chaves creó tras los comicios una consejería específica, siguiendo el ejemplo del recién estrenado Ministerio de Vivienda. El bloqueo en la financiación para empresarios y compradores ha hecho fracasar estrepitosamente estos planes.
La Junta, en un gesto inusual, rebajó las previsiones del Plan Concertado y reconoció que sólo hará falta construir la mitad de VPO, unas 60.000. También ha fallado la medida encaminada a sacar todo el stock de pisos en manos de promotores y bancos, una página web en la que los andaluces pueden comprar casas a precios más baratos y con condiciones hipotecarias ventajosas. Y es que la tendencia ha cambiado radicalmente. Si hace unos años los ciudadanos aspiraban a tener una vivienda en propiedad, la inestabilidad del mercado laboral y, sobre todo, la negativa de los bancos a dar préstamos ha hecho que la gente se decante por el alquiler con opción a compra. Esta modalidad es la preferida por la mayoría de los inscritos en los registros de demandantes de VPO, la herramienta para conocer la necesidad real de pisos protegidos.
En los programas electorales de PSOE y PP no hay rastro de cifras de VPO. No se pillan los dedos. Lo que sí prometen es apoyar fiscalmente la rehabilitación de vivienda -el único programa del Plan Concertado que sí ha funcionado- y el alquiler. Los populares proponen una web al estilo de la que habilitó la Junta pero para arrendar pisos con la mediación pública. Hasta que el crédito bancario no fluya, y ya son cuatro años de obstrucción, será difícil que la locomotora de la construcción eche a andar de nuevo. Resolver el problema de la financiación es la principal reivindicación de los empresarios, que hace un mes firmaron un Manifiesto por la Construcción con el que alertaron que el sector está en las últimas. La duda es si el ladrillo remontará con menos barreras.
