Por D. Cela y R.Velis La imputación del principal banquero de Andalucía, Braulio Medel (presidente de Unicaja), del expresidente de El Monte y del resto de exmiembros de la cúpula de la Agencia IDEA salpicados por el caso ERE hasta 16 nuevos altos cargos sacudió ayer la vida política andaluza, la campaña a las europeas y la actividad parlamentaria. Los socialistas, que un día antes habían hecho un encendido elogio de Medel tras denunciar que la reforma de la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias prevista por el Gobierno busca «llevarse Unicaja de Andalucía», evitaron ayer pronunciarse sobre el último auto de la jueza Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo. IU, en cambio, sí se quejó de que «en los momentos políticos importantes [la jueza] suele aparecer», en palabras del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas.
Durante los casi tres años que dura la instrucción del caso ERE, que ya acumula 182 imputados, el Ejecutivo andaluz se ha quejado, a veces más alto, a veces menos, de la «coincidencia» de los momentos procesales clave con elecciones, actos de campaña o de partido, que movían bruscamente el foco de interés de la política a los tribunales. Ayer el PSOE se inhibió de estas consideraciones. Sin embargo IU, que no está implicada en el caso ERE, mostró su malestar con la jueza. «Ya es sabido que Alaya siempre tiene un cierto olfato de oportunidad» para sacar a la luz sus autos, dijo el portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella. En plena campaña por las europeas, el coordinador regional de la coalición de izquierdas, Antonio Maíllo, advirtió de que la magistrada es «una experta en marcar los tiempos políticos», al producirse una «coincidencia» entre el proceso electoral y las nuevas imputaciones.
La sesión plenaria de ayer en el Parlamento, incluida la sesión de control al Gobierno, volvió a estar marcada por la pátina pegajosa de la corrupción, pero extrañamente el PP no mencionó el último auto de Alaya que señala a Medel. Los populares suelen apoyar sus intervenciones y las preguntas que dirigen a la presidenta Susana Díaz en los escritos de la jueza. De hecho, el portavoz de IU, José Antonio Castro, le pidió ayer a Díaz que eludiese los esfuerzos de la oposición por «enmierdar» la política. «El PP tiene la necesidad de convertir el Parlamento en una sucursal del Juzgado de Instrucción seis. No entre en ese espectáculo bochornoso que tuvo lugar en la última sesión de control. Que el PP siga en la basura», dijo.
Ayer los populares pasaron por alto el último auto de Alaya, y el portavoz del PP, Carlos Rojas, se remontó a una instrucción anterior para exigir a Díaz que pida que dimita «a su amiga Magdalena Álvarez» exconsejera y vicepresidenta del BEI imputada en los ERE. En cambio, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dijo tener «la mejor opinión» del presidente de Unicaja, y confió en que su imputación «no afecte para nada» ni a él ni a la entidad. «Tengo la esperanza, y algo más que la esperanza, de que no tenga ningún recorrido y no afecte para nada ni a él ni a Unicaja», dijo el dirigente popular, informa Europa Press. También en campaña, el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, fue más crítico al asegurar que «sin duda alguna, no es bueno ni positivo para ninguna entidad financiera que su presidente esté imputado» pero que, en cualquier caso, habrá que «esperar a las actuaciones judiciales» que puedan derivarse de la imputación de Medel y los otros 23 exdirectivos de IDEA.
EL AUTO. El auto bomba, que cogió por sorpresa a todos, busca, según reconoce la propia Mercedes Alaya, servirá para «conocer el funcionamiento de la agencia IDEA, la estrecha cooperación prestada por la misma y por la Consejería de Innovación a la Consejería de Empleo antes y después de mayo de 2004 y concretar la participación de determinados aforados que pertenecían al Consejo Rector», y que fueron preimputados en diciembre del 2013 junto a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y, entre los que se encuentran Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila.
Con este fin en mente, la magistrada a lo largo del casi centenar de folios del auto, hace un repaso detallado de todas las actas de las reuniones del Consejo Rector del IFA desde 2001 y a partir de que se aprobara el convenio firmado por el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera y su viceconsejero Antonio Fernández, quienes vuelven a ser marcados y señalados como piezas claves del fraude, junto con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Tanto Fernández como Guerrero han sido llamados a declarar de nuevo el próximo lunes. Así, recoge cada uno de los convenios con al Dirección General de Trabajo, que posibilitaban el cobro de las ayudas, que se llevaron y aprobaron en cada una de ellas destacando que en ningún caso ninguno de los vocales «puso reparo alguno», para luego desglosar uno a uno la participación del «elenco de vocales» que, según destaca la magistrada, representaba «los centros neurálgicos del poder de la Junta de Andalucía», pues estaban presentes las consejerías de Empleo, Economía y Presidencia, el jefe del Gabinete Jurídico, los presidentes de El Monte y Unicaja o la directora del Banco Europeo de Finanzas.
Para Alaya, IDEA fue «el compañero perfecto» de Empleo, ya que la agencia «falsearía su presupuesto de explotación», ya que ellos ejecutaban el pago de la subvención que en realidad corría a cargo de Empleo. Este hecho «es tan trascendental, que sin el mismo no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito sistema de concesión de subvenciones». Entre lunes y viernes desfilarán ante Alaya una veintena de imputados.
