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Las aceras deberán tener áreas libres de obstáculos separadas del carril bici

Sevilla se sumará en pocos meses al listado de ciudades que regulan con su propia normativa la accesibilidad de todos los espacios y edificios públicos. Las primeras líneas de trabajo ya están definidas: mejorar las áreas libres de obstáculos, delimitar aún más los carriles bici e introducir "bandas de localización" para ciegos.

el 15 sep 2009 / 23:53 h.

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Sevilla se sumará en pocos meses al listado de ciudades que regulan con su propia normativa la accesibilidad de todos los espacios y edificios públicos. Las primeras líneas de trabajo ya están definidas: mejorar las áreas libres de obstáculos, delimitar aún más los carriles bici e introducir "bandas de localización" para ciegos.

La primera parte de la normativa de accesibilidad, que el Ayuntamiento ha puesto en exposición pública a través de la página web del Ayuntamiento, regula cómo deben ser las aceras de la ciudad. Las líneas básicas están definidas en las normativas autonómica, estatal y europea, pero el objetivo es desarrollar aún más este marco reglamentario tanto para las nuevas urbanizaciones como para cualquier plan de reforma de la vía pública.

El objetivo es que la mayor parte de los espacios públicos alcancen el nivel de adaptados, lo que implica que se garantice su utilización autónoma y cómoda por las personas con discapacidad. En las aceras, este concepto se traduce en el cumplimiento de varios requisitos: deben tener una banda peatonal libre de 1,5 metros de ancho y una altura de 3 metros sin obstáculos y una pendiente inferior al 6%.

La normativa abre además dos debates sobre la situación actual de las vías públicas. Por un lado, la necesidad de delimitar los carriles bici de las aceras ante el problema que pueden representar para muchos invidentes. El segundo, la inclusión de "bandas de localización y dirección de elementos de uso público para personas invidentes. El objetivo es incluir en la normativa un marco sancionador e intentar que sea el Consistorio quien penalice -hasta ahora son otras administraciones- y que el dinero que se recabe se pueda usar para rebajar barreras arquitectónicas en la ciudad.

La normativa, que afectará a más de 70.000 ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad, está coordinada por la ex edil Cristina Vega, quien abogó por dar la "máxima participación posible" para alcanzar una "mayor calidad" a la ordenanza e instó a los vecinos a presentar alegaciones.

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