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Las asociaciones de la Memoria salen en defensa del juez Garzón

Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica presentaron ayer hasta 113 escritos en el Tribunal Supremo autoinculpándose en la querella admitida contra el juez Baltasar Garzón por presunta prevaricación al investigar las desapariciones de miles de personas durante el franquismo.

el 16 sep 2009 / 03:48 h.

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Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica presentaron ayer hasta 113 escritos en el Tribunal Supremo autoinculpándose en la querella admitida contra el juez Baltasar Garzón por presunta prevaricación al investigar las desapariciones de miles de personas durante el franquismo.

El abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Magán, entregó ayer los escritos, en los que sus mandantes afirman ser "la causa última, mediata e inmediata de los presuntos delitos imputados" a Garzón, en calidad de inducción y cooperación necesaria.

Según explicó el letrado a las puertas del tribunal, las asociaciones piden que les tengan como personadas en la querella criminal abierta contra el juez de la Audiencia Nacional y recusan además a los cinco magistrados que firmaron el auto de admisión a trámite de la misma (Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Juan Saavedra) al considerar que sobre ellos pesa una "falta de imparcialidad de tipo personal".

La cuestión de imparcialidad se dirige especialmente contra Prego, ponente del auto de admisión de la querella contra Garzón, por sus "relaciones directas e indirectas" con los firmantes de la querella -el sindicato Manos Limpias- y también por su "posición pública" contraria a la investigación de las desapariciones durante el franquismo.

También añadió que, además, los magistrados del Tribunal Supremo están "contaminados" porque ya entendieron de este asunto con ocasión de la querella -rechazada- presentada por la nieta del presidente de la II República Juan Negrín contra los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que paralizaron la apertura de fosas comunes y posteriormente declararon la incompetencia de Garzón en este asunto.

Entiende también que la querella ha tratado de introducir, "de forma indirecta y anómala" en el Supremo la discusión de un asunto, como es la competencia de Garzón en la investigación de las fosas, que aún está pendiente de resolver por los trámites ordinarios, en alusión al rechazo de la causa por parte de la juez número 3 de Granada, lo que obligará al Supremo a decidir a quién corresponde finalmente el caso.

En los escritos, las asociaciones solicitan al Supremo que cite a declarar en esta causa al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez así como al propio Garzón, para que manifieste si recibió por parte del primero o de alguna otra persona "instrucción, orden o intimación, directa o indirecta, relativa a la causa".

Por otra parte, el Congreso General del Poder Judicial cree que no hubo "engaño" o "falta de verdad" por parte de Garzón al órgano de gobierno de los jueces sobre sus retribuciones durante su estancia en Estados Unidos. Así lo indica el CGPJ en un informe en el que propone a la comisión disciplinaria que archive la denuncia del abogado Antonio Panea por considerar prescritos los hechos denunciados y que Garzón "no ha cometido falta alguna". Esta propuesta será estudiada por la comisión disciplinaria del CGPJ el próximo martes, según informaron ayer fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El pasado 9 de marzo, el Tribunal Supremo archivó la querella por cohecho que Panea había presentado contra Garzón por estos hechos, pero remitió el caso al CGPJ para que investigara si no haber comunicado a este órgano el cobro de 203.000 dólares en concepto de sueldo de la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006 podía constituir una falta disciplinaria. Garzón alegó ante el Consejo que en el momento en el que solicitó la licencia por estudios -que se prolongó de marzo de 2005 a junio de 2006- las retribuciones no estaban fijadas.

Al respecto, el informe de la jefa de Inspección del CGPJ, Virginia García, señala que en la solicitud del juez se colige "de forma muy clara" que la Universidad le iba a retribuir por "las actividades de docencia e investigación" para las que se pedía la licencia.

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