Las asociaciones del campo libran en silencio una auténtica batalla por hacerse con el patrimonio de las Cámaras Agrarias, propiedad de la Junta de Andalucía y que se liquidará y repartirá entre COAG, UPA y Asaja para así ahorrarse el mantenimiento y conservación de las sedes de unas instituciones ya obsoletas y sin apenas actividad.
Como enclave principal de la contienda, Sevilla, cuya Cámara provincial -también las hay locales- radica en un histórico -y valioso- edificio en la calle Trajano, justo haciendo esquina con la Plaza del Duque.
La extinción de las Cámaras, herederas de las hermandades de labradores y ganaderos, que tuvieron exclusividad de la relación entre agricultores y administración en la dictadura franquista y venidas a menos cuando las asociaciones agrarias asumieron, ya en democracia, la representatividad del campo, está prevista en la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía.
Al fin y al cabo, esta región no hace sino poner su punto y final -no es la primera ni la última- a unas instituciones de derecho público cuyo patrimonio, situación jurídica y usos son desconocidos en muchos casos por la Consejería de Agricultura. Así, aunque se calcula que existen 127 Cámaras Agrarias en Andalucía, la cifra ni siquiera se conoce a ciencia cierta a día de hoy, puesto que el inventario de las provinciales está terminado, aunque no el más extenso, el de las locales.
La Junta de Andalucía quería que las primeras fueran donadas a Asaja, UPA y COAG y que las segundas fueran adjudicadas a los ayuntamientos donde estuvieran ubicadas. Pretendía, asimismo, la asignación de los trabajadores (alrededor de 70) a quienes, al final, se quedaran con el patrimonio.
La respuesta de las tres asociaciones fue un no rotundo a que otros actores entraran en escena -la Ley fija la preferencia de éstas y "los fines y servicios de interés general agrario" que deberán tener las sedes, solares y fincas asignados- y a hacerse cargo del personal de las Cámaras, en su mayoría guardas de campo.
"No podemos asumir los empleados", coinciden Emilio Viera, asesor jurídico de Asaja, y Agustín Rodríguez, secretario general de UPA. "El fin general agrario es esencial, así lo establece la legislación; ni el patrimonio puede ir a los ayuntamientos, ni tampoco las asociaciones agrarias podemos hacer lo que queramos con él una vez que se nos asigne", según comenta Viera.
La Junta habría aceptado una y otra demanda, y está buscando distintas alternativas para dar salida al excedente laboral. Sin embargo, existen dos cuestiones más que enturbian el trabajo de la comisión liquidadora.
El primero, la intención de la Consejería de que la donación se ejecute a partes iguales, es decir, el mismo patrimonio para Asaja, COAG y UPA. Y aquí, negativa de la patronal de Ricardo Serra, que aspira a que la distribución se realice conforme al grado de representatividad por zona.
Por ejemplo, si Asaja es mayoritaria en Sevilla, la provincial para ella; si lo es en Osuna, la local también para ella. Para justificar tal demanda, Viera apela a la existencia de jurisprudencia al respecto, e incluso del Tribunal Constitucional, que habla de que ese interés general agrario se concentre en el sujeto más representativo en el ámbito territorial. Y advierte el abogado. "Si el reparto se hace con un criterio distinto, pleitearemos".
SEDE HISTÓRICA. El segundo motivo de discordia es la Cámara de Sevilla, 2.122 metros cuadrados en el corazón de la capital, siendo un edificio del XIX protegido por la Administración autonómica. De hecho, la propia Junta apunta en su inventario que "cuadros y cristaleras son de un gran valor que habría que determinar haciendo una tasación individualizada".
Y, además, con una finca de su propiedad en La Puebla de Cazalla, de 3.609 metros cuadrados. Esa sede está ocupada por varios inquilinos en régimen de alquiler, algunos con rentas antiguas: las cooperativas Arrocera del Sur y Cereales Sevilla, la Comunidad de Regantes del Viar, la Caja Rural del Sur y, por último, Asaja, patronal a la que la Junta cedió toda la planta primera y el ático durante 50 años.
Y aquí llegamos al mayor enfrentamiento, pues tal cesión fue recurrida por COAG ante un juzgado de lo contencioso-administrativo -después se personaría también UPA-. En la asociación de Serra prevén una pronta sentencia.
En detalle
Cámaras provinciales. La de Jaén ocupa una extensión de 1.443 m2 en pleno centro de la capital, junto a la Catedral. Parte de sus instalaciones la ocupan una filial cárnica de Rumasa y el Ayuntamiento. La Cámara de Huelva tiene 315,29 m2, ocupados por Asaja, UPA, Unicef y el Banco de Alimentos, y posee otro local de oficinas de 69 m2. La Cámara de Córdoba tiene 502 m2 de sede, 113 de locales, 141 de oficinas, un garaje y una nave industrial de 900 m2. La Cámara de Cádiz, ubicada en Jerez, tiene una vivienda (191 m2), un local de oficinas (450) y dos plazas de garaje. La Cámara de Granada posee sede céntrica de 394 m2, una plaza de garaje y una nave agrícola de 1.800. La Cámara de Málaga tiene 762 m2, ocupados con locales y viviendas.
Cámaras locales. El inventario está aún por concluir. En conjunto, en la provincia de Sevilla son 20. Junto con la provincial (la de Trajano más la finca de La Puebla de Cazalla), la más valiosa es la de Osuna, en un palacete del siglo XVI. La situación, la ocupación y el estado del resto es variopinta, incluido el estado ruinoso en el que se encuentra la sede de Sanlúcar La Mayor, según relata Emilio Viera, quien destaca el costoso mantenimiento de los edificios históricos, como el de Sevilla.
