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Las asociaciones gitanas acusadas de desviar fondos eluden declarar

Los principales imputados en el juicio por el desvío de 1,2 millones de subvenciones a las cuentas privadas de los dirigentes de la FARA se negaron a declarar tras acogerse a su derecho constitucional.

el 15 sep 2009 / 04:18 h.

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Los principales imputados en el juicio por el desvío de 1,2 millones de euros de subvenciones a las cuentas privadas de los dirigentes de la Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes (FARA) se negaron ayer a declarar tras acogerse a su derecho constitucional.

El juicio arrancó ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, después de cuatro suspensiones, con la declaración de los 15 acusados, aunque sólo siete contestaron a las preguntas de sus defensas y no permitieron que la fiscalía les interrogara.

Entre los acusados destaca el presidente de la FARA, Vicente Rodríguez Arribas, para el que el fiscal pide doce años y medio de prisión, y que fue el primero en acogerse a su derecho constitucional de no declarar. Los imputados se enfrentan a 88 años de cárcel por delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, defraudación a la Hacienda pública, coacciones y amenazas al anterior consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía Isaías Pérez Saldaña.

Toda la junta directiva de la FARA, el tesorero Ramón V.C., el interventor Andrés A.M. y el secretario Salvador P.A., también se negaron a responder a las preguntas de la acusación y, sólo los dos últimos quisieron precisar a través de las preguntas de su letrado que ellos nunca falsificaron nada, que no eran los responsables de las contrataciones y que no tenían acceso al dinero que había en las cuentas bancarias.

La investigación de este caso reveló la propiedad de inmuebles, de una flota de coches de lujo y de cuentas bancarias, y el uso de rentas no declaradas fiscalmente procedentes de establecimientos de ocio de la Costa del Sol.

Respecto a las amenazas a Saldaña, la Fiscalía entiende que "fue presionado fuertemente con el anuncio de manifestaciones de la etnia gitana", que hubo un robo en su domicilio y llamadas telefónicas anónimas en las que le advertían de que tuviera cuidado.

En el escrito del fiscal se señala que para lograr la desviación de parte de los fondos subvencionados y apoderarse presuntamente de este dinero, los acusados emplearon "distintos procedimientos tales como continuos traspasos de dinero, facturas falsas, recibos duplicados y contrataciones ficticias de trabajadores".

El único acusado que contestó a todas las preguntas fue un empresario que aseguró que las tres facturas que emitió a la federación eran verdaderas y por un valor de más de cuatro millones de pesetas en material escolar.

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