La Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía merecería los honores de ser considerada como una Consejería de Educación en la sombra que el PP hubiera fletado para interpretar la legislación vigente desde la óptica de los postulados más conservadores. Ocurrió con la asignatura de Educación para la Ciudadanía y vuelve a ocurrir ahora, en pleno período de matriculación, al obligar a la Junta a aceptar la incorporación de tres niñas a un colegio concertado cuya ratio de alumnos se había reducido para no masificar las aulas.
Tan respetable es el poder judicial como el ejecutivo, pero si sus señorías me lo permiten, hay una pequeña diferencia entre ambos: el ejercicio de la soberanía popular en forma de urnas. Nada que objetar la independencia judicial si ésta no objetase nada a la independencia política. Montesquieu parece a primera vista en entredicho en la sala que titulan Enrique Gabaldón, Victoriano Valpuesta y Joaquín Sánchez Urgena: ¿Quién tiene las competencias exclusivas en materia de Educación en nuestra comunidad, dicha sala o la Junta?
Sin embargo, tampoco cabe cargar exclusivamente las tintas contra dichos magistrados sino más bien contra un sistema educativo que permite desde los fraudes en las matrículas denunciados por el Defensor del Pueblo Andaluz esta semana hasta la marginación de la enseñanza pública a favor de la privada disfrazada como concertada.
Ésta es una de las eternas asignaturas pendientes de la transición que no se resuelve por un motivo meridianamente claro: la falta de recursos económicos para garantizar la educación plena con cargo al Estado por lo que los gobiernos y sobre todo los ciudadanos tienen que comulgar con las ruedas de molino de esos intereses particulares en donde predominan otros velos religiosos bien distintos a los que tanta polémica despiertan en Francia.
Más allá de librar esta nueva batalla legal por medio de los recursos que fueren necesarios, la consejería que titula la prestigiosa Teresa Jiménez tendría que dedicar una sentada con Manuel Chaves a ver cómo le ponemos al niño. Y nunca mejor dicho. Ni hay derecho a los nefastos resultados del informe Pisa ni a que un criterio judicial manifiestamente partidista, más allá de la defensa legítima de los derechos ciudadanos, pretenda pisar la autonomía de la administración educativa para fijar el número de pupitres que caben holgadamente en una clase. Vale que se preserve el derecho de los padres a elegir colegio: ¿Pero quién preserva el derecho de los otros padres a que sus hijos tengan que compartir el mismo profe y los mismos medios con tres compañeros más de la cuenta?
