La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, seguida por el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, llega a la rueda de prensa ofrecida.
Con un Presupuesto en el límite hay que ser extraordinariamente exquisitos en el control del dinero público. Revisar la finalidad de cada euro o bonificación pública es el principal objetivo de una nueva ley andaluza cuya tramitación arrancó ayer. La norma busca que las ayudas vayan a quien realmente las necesite y para ello no solo se tendrá en cuenta la renta familiar, sino también el patrimonio. Si un solicitante falsea datos u oculta información a la administración le caerán multas desde los 75 a los 6.000 euros. La otra pata de la ley incidirá en reforzar los controles para evitar el fraude fiscal. Por ejemplo, se vigilarán con lupa las donaciones de dinero de padres a hijos para comprar una casa o para montar un negocio. Pese a no tener un afán recaudatorio, el Gobierno andaluz espera ingresar unos 30 millones de euros con estas medidas. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, zanjó además la polémica con IU y negó tajantemente que el Presupuesto de 2014 vaya a incluir nuevos impuestos o tasas.
La Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal, que estará funcionando en esta legislatura, es uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno sellado entre PSOE e IU. Básicamente perseguirá un doble fraude: el social y el fiscal. El primero consiste en evitar que se beneficien de las ayudas públicas personas que tienen capacidad económica suficiente, lo que provoca además que las bonificaciones no lleguen a otros que realmente las necesitan. En Andalucía hay un amplio catálogo de beneficios públicos, como las becas al estudio, comedores escolares, ayudas para el acceso a viviendas protegidas en propiedad o alquiler, y en materia fiscal la reducción de tipos o base imponible en tributos cedidos, bonificaciones de precios públicos y exenciones totales o parciales de tasas. Todo ello se concede actualmente presentando el IRPF, pero la Junta ha comprobado que la renta no siempre mide la auténtica capacidad económica de una persona, ya que puede tener ingresos bajos pero un abultado patrimonio, en forma de segundas residencias o renta fija. Por eso, a partir de la entrada en vigor de la ley, será determinante el patrimonio a la hora de pedir una ayuda.
La persona que la solicite deberá autorizar a la administración a que consulte todos sus datos de patrimonio. Si falsea información o la oculta, se le impondrán multas que van desde los 75 euros a los 6.000, previstas ya en la Ley General de Subvenciones, explicó la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que se estrenó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El otro pilar de la nueva ley irá encaminado a reforzar la lucha contra el fraude fiscal y endurece los controles previstos en un plan aprobado hace un año. La Junta prevé obtener unos ingresos de entre 200 y 220 millones de euros con el plan de 2012 y, con las nuevas medidas anunciadas ayer, espera que dicha cantidad se incremente en unos 30 o 40 millones.
Entre las novedades, la Junta buscará combatir el fraude relacionado con la donación de dinero de padres a hijos para la compra de vivienda habitual, ya que se ha detectado que, en ocasiones, encubre la transmisión de la vivienda del propio ascendiente. La nueva ley exige que el piso adquirido sea la vivienda habitual del hijo durante al menos tres años y, para evitar que se falsee artificialmente el precio de venta, se tendrá en cuenta el valor real, con independencia del valor de venta.
También se han detectado fraudes en la donación de dinero a familiares para la constitución de empresas, ya que tras la operación, se transmite la empresa o se traslada fuera, por lo que se exigirá la permanencia del domicilio en Andalucía hasta cinco años después o la imposibilidad de que se venda parte de ésta. También se incrementa la capacidad de la administración para acceder a los movimientos bancarios de los herederos ya que, en casos de fallecimiento previsible con anterioridad, se han observado movimientos en los depósitos bancarios para evitar pagar impuestos.
Y hablando de impuestos, la consejera de Hacienda fue rotunda ante el pulso abierto por IU: No va a haber subida de impuestos en 2014. Aplazó este debate a la revisión impositiva que el Gobierno hará con las comunidades en primavera, aunque admitió que las cuentas de 2014 incluirán mayor progresividad, es decir, pueden ajustarse los tramos para que paguen más quienes más tienen. Montero reconoció que la Junta espera del Gobierno menos dinero que el año anterior.
