El ministro de Fomento, José Blanco, ha decidido no dar margen de maniobra a los controladores aéreos que, desde el domingo pasado, han protagonizado un aluvión de bajas en el aeropuerto de El Prat. Un 25% no acudió ayer a trabajar.
Para evitar los retrasos en los vuelos -que el lunes se alargaron entre 30 y 60 minutos-, Blanco anunció ayer que sus ausencias se suplirán con controladores militares, una posibilidad que "no es nueva" porque la recoge la ley desde 1978 para "circunstancias especiales". La polémica queda servida.
El ministro anunció a la SER que ha acordado con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Defensa, Carmen Chacón, habilitar a controladores aéreos militares para que trabajen en torres de control civiles en "situaciones excepcionales". El objetivo, garantizar el tránsito aéreo.
No tardó en replicar la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), cuyo portavoz, Daniel Zamit, aseguró que estos profesionales carecen de "conocimientos prácticos" para ejercer labores de control, lo que podría afectar a la seguridad.
Tampoco gusta la idea al Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac), que se mostró contrario, ya que "no están formados para gestionar el tráfico civil, siguen otros procedimientos y no están acostumbrados a áreas de gran densidad de tráfico", por lo que "no aportan suficientes garantías de seguridad".
Además, diversas asociaciones de defensa aseguraron que "militarizar" los puestos de gestión del tráfico civil no es la solución más adecuada y advirtieron al Gobierno de que la habilitación de controladores militares necesitará varias "semanas o meses".
Así, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación de Militares Españoles (AME), aunque defendieron la preparación de los militares para trabajar provisionalmente en aeropuertos civiles, criticaron la precipitación con la que está actuando el Gobierno.
El secretario general de la AUME, Mariano Casado denunció además el "limbo normativo" de los controladores militares, puesto que "no tienen la licencia europea de control" exigida para gestionar el tránsito aéreo. Según la AUME, las Fuerzas Armadas disponen de unos 280 controladores de los tres Ejércitos "aunque no todos plenamente operativos".
La formación de estos profesionales, que dependerá de Aena, podría comenzar "en unos días o semanas" una vez que Fomento comunique a Defensa "cuántos necesita", y podría durar "desde unos días, pocas semanas hasta dos o tres meses", dependiendo de las tareas concretas y de la torre de control.
El presidente de USCA, Camilo Cela, afirmó que "aseguramos la seguridad", pero lo que "nadie" puede garantizar es que no aumenten "las demoras en los aterrizajes y despegues", porque "estamos gestionando más vuelos con menos personas".
Tras la entrada hace cinco meses del nuevo decreto que regula sus condiciones "ha descendido el número de trabajadores y estamos cubriendo más horas y descansando menos, lo que nos genera más estrés".
A este respecto, Blanco reseñó que las causas como el estrés, la ansiedad o la depresión que aducen para justificar sus bajas médicas son "incompatibles" con las condiciones que deben reunir estos profesionales. Si estos motivos se reiteran, "probablemente" se fijen nuevas pruebas para acceder a este puesto, ya que "podemos estar ante personas no capacitadas para desempeñar ese trabajo".
La Seguridad Social ha comenzado con las inspecciones de trabajo a investigar las causas de las bajas médicas, y si se confirma que no fueron justificadas, "puede haber despidos".
Fiscalía: Investigará las bajas laborales
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer que la Fiscalía investigará las bajas de los controladores para "garantizar que los desplazamientos de los ciudadanos no se vean afectados por los intereses de una minoría".
Conde-Pumpido indicó que la Fiscalía "examinará" la situación provocada por sus bajas por enfermedad pero que, de momento, no se puede anticipar nada en torno a una posible investigación.
Fuentes del ministerio fiscal confirmaron que aún no se ha abierto investigación y que está a la espera de que Fomento les remita la documentación solicitada a la Seguridad Social.
La Fiscalía ya actuó en cuestiones de servicios públicos como la invasión de las pistas de El Prat o el incumplimiento de los servicios mínimos en la huelga del Metro de Madrid.
Sindicatos: No más recortes de derechos
Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CCOO, Ignacio Fernández Toxo, pidieron ayer al Gobierno que no aproveche las bajas masivas de los controladores para "abrir la veda", meter "la tijera" y reformar las bajas por incapacidad, porque sería "nefasto".
Toxo requirió al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que aclare en qué piensa al afirmar que hay que revisar prestaciones sociales como las de incapacidad temporal para que "no sean utilizadas de forma desaprensiva" ni "perversamente", pues "no vaya a ser que alguien entienda que se ha abierto la veda en relación con los derechos laborales y sociales".
Toxo exigió al Gobierno que si cree que hay "abuso", persiga las prácticas "fraudulentas", pero que no aprovechen la ocasión para un retroceso en los derechos.
