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Las cámaras del Centro continúan activas pese a la derogación del plan

El PP encargó a un funcionario “apartado” el informe sobre irregularidades con directrices previas de qué debía denunciar.

el 07 nov 2011 / 22:23 h.

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Antonio Rodrigo Torrijos, Francisco Pérez y Juan Espadas junto al secretario municipal durante la comisión.

La comisión de investigación del Plan Centro dio ayer un giro, a instancias de la oposición, que volvió definitivamente una iniciativa impulsada por el PP para justificar la derogación del plan contra el gobierno. Queda acreditado, tras las tres primeras comparecencias, que en marzo se detuvieron las sanciones porque debido a la falta de personal se dejó de actualizar la base de datos y que no todos los coches eran sancionados, sino que se priorizó un tipo de infracciones. Pero de ahí a un fraude generalizado con irregularidades, desvíos presupuestarios y conductas delictivas hay un abismo. Y quedó reflejado ayer. Y no sólo eso, sino que se abrieron nuevos interrogantes: si las cámaras siempre han funcionado, como admitió incluso el director de Movilidad del PP, Enrique Medina, ¿por qué el gobierno abrió las puertas a que se anularan las más de 7.000 multas al decir que no funcionaban?; ¿por qué siguen tomando imágenes de los coches que acceden al Centro tres meses después de la derogación y sin apenas control?; ¿por qué el gobierno encargó exprofeso a un funcionario que admite que llevaba años "apartado" un informe sobre el plan indicándole previamente las irregularidades que debía denunciar?; ¿qué motivos hay tras el cese del jefe de servicios que cuestionó la versión de fraude difundida por el gobierno?

Los nuevos interrogantes empezaron a abrirse desde la primera declaración, la de Enrique Medina. El mismo que firmó un informe el 19 de julio alertando de las "deficiencias en las lecturas de las matrículas de las cámaras" tuvo ayer una afirmación tajante, ante la mirada de los representantes de Sice y de los funcionarios que avalaron con su firma el proyecto: "El sistema tecnológico funcionaba", aunque se dejó de sancionar por problemas administrativos y de personal. Tanto es así que las cámaras todavía se usan. Incluso hoy, tres meses después, los coches que pasen bajo una cámara son grabados. El uso de las imágenes quedó como una incógnita. Medina indicó que se utilizan para contabilizar los vehículos, pero Enrique Gutiérrez, el jefe de sección del Centro de Control de Tráfico, les dio otro uso. Para demostrar que sigue investigando presentó imágenes de coches entrando al Centro tomadas este mes para mostrar que las matrículas no se veían con nitidez. "Si se están tomando datos sin que tenga un control y un legítimo uso, es delito", alertó el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos. La duda quedó en manos de un informe que elaborará el secretario del Ayuntamiento. A favor de la tesis de Torrijos y del PSOE está el acuerdo que regula el fichero de datos de las cámaras: están autorizadas para controlar una zona restringida, y el Centro ya no lo es. En contra, el exjefe de servicios de Tráfico Francisco de Paula, quien aclaró que "el fichero sigue valiendo".

Precisamente, el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, junto a una recepción del proyecto fraudulenta, deficiencias del sistema y desvíos presupuestarios son algunos de los elementos que plantea en su informe Enrique Gutiérrez. El mismo que el portavoz del PP, Francisco Pérez, usó para tildar de "fraude" el plan. El origen de este estudio quedó en el aire. El director de Movilidad aseguró que Gutiérrez le informó en un documento sin fecha ni firma de las irregularidades, que a raíz de eso elaboró su informe denunciando que el plan no funciona y que le encargó que ampliara la denuncia. Le desmintió Gutiérrez: el delegado le pidió que le informara y tras una conversación le encargó un informe. Fue el día 20, después de que el PP difundiera que el plan no funcionaba, y con instrucciones muy claras: "Informe sobre errores en las cámaras, desvíos presupuestarios y la certificación del 23 de mayo".

"Cumplí las órdenes", afirmó el jefe de servicios. Y de ahí surgió un informe en el que analizó materias que no son de su responsabilidad, sin consultar a los funcionarios que tenían las competencias porque ya sabía que estaban de acuerdo. "Habían dado el visto bueno al proyecto", alegó al ser preguntado por sus "fuentes parciales" al denunciar las irregularidades. A esto se añade que, como denunció el portavoz socialista, Juan Espadas, venía de denunciar a la anterior dirección de Movilidad: "Estaba condicionado".

Uno de los funcionarios que se saltó Gutiérrez al hacer su informe fue Francisco de Paula Estévez, quien volvió a ratificar ayer que administrativamente, ámbito que le correspondía, no hubo irregularidades en la tramitación, como ya hizo en el informe que realizó tras las denuncias realizadas por su compañero. Paradójicamente, De Paula fue cesado el pasado viernes. Salió de la Delegación de Movilidad, perdió cuatro niveles, y pasó al Laboratorio. "Igual se me nombra que se me cesa". Al ser preguntado sobre si era un cese político, guardó silencio. Minutos después, a preguntas del PP, admitió que en el anterior mandato pidió un traslado a otra delegación del Ayuntamiento.

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