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Las casas de acogida para menores pierden 40 plazas en Sevilla

La Consejería de Igualdad aclara que se reducirán plazas «sin ocupar» al priorizarse en los últimos años «el acogimiento familiar y el trabajo preventivo».

el 25 feb 2014 / 18:59 h.

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La Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor Patronal Andaluza (Accampa) y la Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social (Apaes) denunciaron ayer que la «Junta desmantela la red de casas-hogar para menores en situación de exclusión social o con problemas familiares al suprimir 271 plazas en la comunidad, 40 de ellas en la provincia de Sevilla». En una rueda de prensa, representantes de ambas entidades, que agrupan a 49 asociaciones que atienden a más de 1.500 menores en sus casas-hogares, expusieron los «recortes drásticos» que la Administración autonómica viene realizando «desde hace dos años», a pesar de que «el discurso oficial es que Andalucía no recorta en políticas sociales». La presidenta de Accampa, Purificación Díaz, recordó que «ya en junio de 2012, la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de Salud y Bienestar Social impuso un recorte de hasta el 20% en la asignación de menor/día», lo que ya supuso «un gran esfuerzo para todos». Ahora temen que este nuevo recorte, anunciado la semana pasada, «hará inviable» el desarrollo de esta actividad. La supresión de las plazas traerá consigo el cierre de «siete centros» en toda Andalucía y el «desarraigo del menor», que tendrá que «desplazarse a otro centro o de un pueblo a la ciudad a mitad de curso». Pero hay una consecuencia más: «un centenar trabajadores dejará de prestar sus servicios e irá al paro», añadió Ignacio Vázquez de la Torre, presidente de Apaes. Desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se explica, por su parte, que esta medida se llevará a cabo sobre las plazas que «están actualmente sin ocupar», por lo que «no afectará en ningún caso a menores que se encuentran residiendo en los centros de protección». Las mismas fuentes de la Junta indicaron que estas plazas libres responden a la apuesta «prioritaria» por el mantenimiento de los menores en el entorno familiar y el trabajo de políticas preventivas en los últimos años, siguiendo así «recomendaciones técnicas de especialistas en materia de infancia». Así, explican que el trabajo previo con las familias en situación de riesgo que evita tener que adoptar una medida protectora ha supuesto en los últimos cinco años una disminución neta del número de tutelas de un 11,29% menos en el conjunto de Andalucía. Además, «las cifras ponen a las claras la apuesta por el acogimiento familiar como medida de protección en los últimos años», afirman. Así, mientras en 2008 el número de menores que estuvieron en acogimiento familiar fueron 3.238, el año pasado esta cifra se elevó a 6.173, con lo que se ha duplicado el número de menores en acogimiento familiar en los últimos años. Argumentos y datos que no terminan de convencer a Accampa y Apaes, que cuestionan la existencia de plazas libres en estos centros en plena crisis, cuando, afirmaron, «la realidad es que la propia Junta de Andalucía no acomete la retirada de niños de familia, salvo en casos ya extremos y reiterados de maltratos y abusos». «Nadie puede creer –advirtió Díaz– que durante la crisis haya descendido el número de niños que necesita protección económica y social, pero la Junta les ha dado la espalda y no los retira». En este sentido, las entidades expusieron que sólo en 2012 se produjeron en Andalucía 2.699 notificaciones por denuncias de maltrato infantil, ya fuera por negligencia, maltrato psíquico, físico o abusos sexuales. Ambas asociaciones insisten en «la gravedad de que se deje a los menores en esta situación, muchas veces en la calle y sin escolarizar, desnutridos o maltratados en familias desestructuradas, solo para poder decir que hay plazas libres en los centros de acogida y poder cerrarlos porque desgraciadamente no hay presupuesto para protegerlos», toda vez que aseguran que «tampoco se ha destinado ese dinero a trabajar en la recuperación de las familias desestructuradas y en exclusión social a fin de evitar la retirada de los menores». «La consejería –concluyen– recorta en políticas sociales, y lo hace con los más débiles, los que no tienen voz ni voto en las elecciones: los menores del sistema de protección, abocándolos a la delincuencia y la exclusión social». Falta de diálogo Accampa y Apaes alertaron de la «absoluta falta de diálogo» de la Junta. Recordaron que en otras ocasiones se ha llamado a las asociaciones que gestionan los centros para estudiar los cambios, pero que «en esta ocasión se han basado exclusivamente en criterios de reducción de gasto, no existiendo una previsión global e integradora de hacia dónde se quiere caminar en el sistema de protección de menores». Creen que las consecuencias de esta «falta de previsión, diálogo y proyecto viable» supone un retroceso de 20 años.

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