La decisión de la Justicia sueca de admitir la solicitud de la Junta del embargo de activos de Boliden por valor de 141 millones ha sido saludada con satisfacción desde el Gobierno andaluz, lo que no deja de ser comprensible, después de los reves judiciales sufridos en la reclamación de que la empresa asuma su responsabilidad y pague por lo ocurrido.
Diez años después del trágico vertido tóxico de Aznalcóllar, la Administración autonómica consigue dar un paso más en su intención de cobrarle a la multinacional escandinava los 90 millones que le reclama en concepto de reparación ambiental de los daños causados en la cuenca del río Guadiamar y en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Pero convendría no generar expectativas cuya satisfacción será difícil de alcanzar.
El embargo decretado por un tribunal sueco es una medida simplemente cautelar lograda por la aplicación, por primera ver en el continente europeo, de la denominada doctrina del velo, que obliga a los accionistas de una sociedad mercantil a hacerse cargo de todas las deudas contraídas por la compañía cuando se entiende que han podido usar la figura societaria para desentenderse de su responsabilidad.
La medida es importante, pero no garantiza el cobro de ninguna indemnización y, además, incluso obliga a la Junta a depositar en el juzgado como garantía la misma cantidad que reclama. Pero no hay otra solución si se quiere lograr una reivindicación tan justa como ésta. La Junta debe seguir batallando en los tribunales para conseguir que Boliden asuma el coste medioambiental que causó en 1998 la ruptura de la balsa en la que almacenaba cinco millones de toneladas de metales tóxicos.
En caso contrario, a la vergüenza de lo ocurrido en Aznalcóllar habrá que sumar la indignación por la posibilidad de que Boliden se libre, una década después, de pagar una indemnización después de haber causado el mayor desastre ecológico de la historia de España.
