Mucho ruido y pocas nueces. La nueva Ley nacional del Comercio, que pretendía liberalizar el mercado, vuelve a dejar en manos de las regiones la potestad sobre la apertura de negocios. Aun así, aporta novedades como la supresión del término gran establecimiento y elimina la obligatoriedad de la licencia comercial.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que la reforma de la ley de ordenación del comercio minorista tendrá en cuenta que esta materia es competencia de las comunidades, por lo que el Ejecutivo la aplicará con "escrupuloso" respeto a las legislaciones autonómicas. ¿Esto qué significa? Que serán las regiones las que marquen los requisitos para abrir un negocio, es decir, lo mismo que señala la actual legislación.
Aun así, De la Vega señaló que el Gobierno ha decidido modificar la legislación para adaptarla a los nuevos requisitos establecidos por Bruselas y eliminar trabas jurídicas y administrativas.
De la Vega resaltó que la reforma de la Ley de Comercio "estará en consonacia con las exigencias del siglo XXI", teniendo en cuenta que dicha normativa databa de 1996. El Consejo de Ministros recibió ayer un informe del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, sobre el anteproyecto de ley de reforma de la normativa de comercio.
Entre las modificaciones más relevantes que recoge el anteproyecto destacan la supresión de la definición de gran establecimiento comercial. El texto precedente establecía que cualquier comercio de menos de 2.500 metros cuadrados podía instalarse libremente en España, sin la necesidad de pedir licencias a los gobiernos autonómicos.
El actual suprime la definición y no hace referencia a los metros, sino que la autorización sólo dependerá del impacto que tenga en el medio ambiente, del entorno urbano y de la conservación del patrimonio histórico artístico.
En este sentido, la Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES) -integrada por Carrefour Express, Dia, Supercor, Eroski, Lidl y Sabeco- señaló ayer que la eliminación de la definición "hace perder seguridad jurídica" a las empresas de distribución. En este contexto, el presidente de Carrefour, Rafael Arias-Salgado, pidió el pasado jueves en Sevilla que las comunidades no sean tan restrictivas en su legislación.
Asimismo, se elimina la obligatoriedad de la licencia comercial y se establece el principio general de libre establecimiento. No obstante, las autoridades competentes podrán establecer un régimen de autorización, debiendo justificarlo de acuerdo con el principio de proporcionalidad e identificando de forma objetiva y previsible las razones que motivan el establecimiento de la misma y el impacto estimado.
A este respecto, se prohíben los criterios económicos, restrictivos de la competencia, así como la intervención de los competidores en los procesos de concesión.
Según el Ejecutivo, el anteproyecto es "coherente" con el proyecto de ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, actualmente en tramitación parlamentaria, trasladando su enfoque "ambicioso" y, por tanto, la "correcta" transposición de la Directiva de servicios.
Además, está en línea con las recomendaciones de la UE en cuanto al ámbito de las autorizaciones, al eliminarlas con carácter general, y exigir condiciones "estrictas y racionales" en los casos en los que excepcionalmente se exija la autorización.
Se eliminan también restricciones a la competencia, entre ellas, la autorización previa en la venta ambulante, se sustituye la inscripción por la obligación de comunicación en los registros de ventas a distancia o de franquiciadores y se exige únicamente la homologación de los modelos de máquinas y no de cada máquina en la venta automática.
La nueva normativa contribuye a conseguir un sector de la distribución comercial "más dinámico, moderno y competitivo" y es "respetuosa" con las competencias de las comunidades y responsabiliza a las mismas de su normativa, según el Ejecutivo.
El Gobierno insiste en que la nueva ley tendrá en cuenta que el comercio interior es una materia que ha sido asumida como competencia exclusiva en los Estatutos de Autonomía y desde el pleno respeto al reparto competencial.
