¿Cuándo y por qué surge?
El primer Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social de Andalucía firmado a tres bandas por sindicatos, empresarios y Junta nació el 17 de mayo de 1993, precisamente en plena crisis económica con el objetivo de "hacer un diagnóstico común de la situación económica en Andalucía" y "abordar la salida de la crisis que nos afecta". Fue el primer pacto social tripartito de una comunidad autónoma y antecedió incluso a la instrumentalización del diálogo social a nivel estatal. Sus antecedentes históricos se sitúan en acuerdos bilaterales suscritos por el Ejecutivo andaluz desde 1984 con los sindicatos por un lado, primero con UGT y luego con CCOO, y con los empresarios por otro.
¿Por qué firman UGT, CCOO y la CEA?
La Junta suscribe el diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias de Andalucía. Ese carácter de entidades representativas viene estipulado, en el caso de los sindicatos, en la Ley Orgánica de libertad sindical, y para las organizaciones empresariales, en el texto reformado del Estatuto de los Trabajadores. Así, tienen la consideración de más representativos los sindicatos que tengan al menos un 15% de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes, y en el caso de las organizaciones empresariales, que aglutinen al menos al 15% de los empresarios. En el caso de UGT y CCOO, superan los 18.000 delegados sindicales, mientras que la CEA aglutina a 1.300 organizaciones empresariales, aunque son varias las voces de sindicatos profesionales y entidades empresariales de Economía Social que reivindican su voz. La tercera pata corresponde al Gobierno encargado de ejecutar y gestionar las políticas públicas. Por eso no están presentes las fuerzas políticas, que desde la oposición también reclaman presencia, sino quien ostenta el poder público.
¿Cómo se financia?
El acuerdo de Concertación Social no cuenta con una consignación presupuestaria bajo este epígrafe concreto en los presupuestos anuales de la comunidad, pero en base a las medidas que se concretan en cada uno, la Junta elabora una envolvente económica de los recursos públicos que se invertirán en ellas con cargo a las cuentas correspondientes de cada anualidad. En los informes de seguimiento se calcula también la inversión privada movilizada a partir de los acuerdos. De la concertación no se desprenden subvenciones directas a sindicatos y empresarios, pero el hecho de que algunos programas se ejecuten con su colaboración pero con fondos públicos es objeto de dudas y críticas arduamente contestadas tras la última firma por la CEA. Por ejemplo, sucesivos acuerdos apuestan por la formación de los trabajadores que en muchos casos se realiza a través de las organizaciones sindicales y empresariales:la Junta subvenciona a éstos para organizar e impartir los cursos.
¿Cómo y quién evalúa su cumplimiento?
El propio documento prevé los mecanismos de control y seguimiento de lo pactado, mecanismos que progresivamente se han ido ampliando con grupos de trabajo y comisiones técnicos integradas por representantes de todos los firmantes agrupadas por programas sectoriales o ejes del acuerdo y que se reúnen periódicamente. Al margen de estas reuniones internas, al final de cada acuerdo se elabora un informe de seguimiento que deben rubricar los líderes de las partes. Es cierto que en ellos aparecen aspectos cuantificables, como qué medidas comprometidas están en marcha o totalmente ejecutadas, pero en estos informes se ofrecen datos sobre empleos y empresas creadas o normativa aprobada en el periodo sin que sea posible cuantificar realmente cuánto de ello se debe directamente a la concertación, partiendo de la filosofía de que la paz social favorece la inversión y la actividad emprendedora. Tras la firma del último acuerdo, IU ha anunciado su intención de plantear la creación de un grupo o comisión parlamentaria en el que las fuerzas políticas con representación en la Cámara hagan un seguimiento externo sobre el acuerdo.
¿Está regulada por ley?
Desde la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 2007, la Concertación Social tiene rango de mandato legal con un artículo específicamente dedicado a ello, el 159, que indica que "los sindicatos y las organizaciones empresariales contribuyen al diálogo y la Concertación Social y ejercen una relevante función en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios". Aparece entre los "objetivos básicos" de los poderes que debe ejercer la comunidad autónoma en defensa del interés general y su impulso es parte de los principios rectores que orientan las políticas públicas. Por tanto, aunque como las partes indicaron durante el largo y difícil proceso de negociación del último pacto, se puede producir un escenario de no acuerdo, el Gobierno andaluz está obligado a crear las condiciones necesarias para propiciarlo. No obstante, el último acuerdo prevé la aprobación en la presente legislatura de una Ley de Participación Institucional que desarrolle ese mandato y concrete y regule la presencia con voz y voto de las organizaciones sindicales y empresariales en las instituciones y organismos públicos.
¿Cada cuánto se firma?
Desde 2001, en el quinto, se establece una vigencia de cuatro años para cada pacto. No siempre ha sido así. Los tres primeros tenían carácter anual y el cuarto, suscrito en mayo de 1999, se firmó con validez hasta el final de la legislatura (que terminaba en marzo de 2000). La consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, defendió en la reunión en la que se cerró el último acuerdo esta periodicidad cuatrianual como el tiempo necesario para desplegar las políticas y suficiente para evaluarlas. Entre la expiración del anterior y la firma del siguiente suelen pasar meses (el último finalizaba en diciembre de 2008 y el nuevo no se ha firmado hasta noviembre de 2009). Las partes consideran que en ese periodo sigue vigente el anterior, aunque esta prórroga automática no es explicitada en el texto.
