Aborto libre hasta las 14 semanas de gestación. Al tratarse de una ley de plazos, la embarazada no necesitará motivo ni justificación para interrumpir su embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación.
Riesgo para el feto y la embarazada. Podrá interrumpirse el embarazo hasta las 22 semanas de gestación si existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto, algo que ya recogía la norma original.
El permiso paterno no será necesario a los 16. La nueva ley sitúa en los 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción del embarazo. Eso sí, al menos uno de los padres o tutores legales de las chicas de 16 y 17 años deberá ser informado de su decisión de abortar, salvo cuando este hecho le produzca un conflicto grave o haya riesgo de amenazas, coacciones o malos tratos.
La red sanitaria pública los practicará. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. Los profesionales sanitarios, no obstante, tendrán derecho a ejercer la objeción de conciencia.
No habrá castigo de cárcel para las mujeres. La mujer que aborte fuera de los casos permitidos por la ley no tendrá pena de prisión, sólo una multa económica. Sí se castigará con la cárcel a quién practique un aborto fuera de los supuestos y a los profesionales que lo hagan sin contar con los informes preceptivos.
Anticonceptivos gratis de última generación. El Sistema Nacional de Salud financiará los anticonceptivos de última generación y se incorporará la formación en salud sexual al sistema educativo.
