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Las claves de Mercasevilla entre 'e-mails'

La Policía investiga en los correos de Bustamante de 2005 el origen de las tres clásulas que la juez ve ilegales

el 08 oct 2009 / 20:09 h.

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La Policía tiene en su poder una carpeta titulada Mercasevilla y todos los correos electrónicos de la técnico de Urbanismo imputada, María Victoria Bustamante, y de su secretaria correspondientes al año 2005. Pero la adjudicación se formalizó en una comisión ejecutiva de 2006. ¿Qué busca la juez en ese año? La magistrada ha centrado su investigación en la elaboración de los pliegos, en los criterios que se establecieron para el concurso público, no en una supuesta modificación de las puntuaciones que admitió la propia Bustamante en su declaración ante la Policía Judicial.


De ahí la importancia de las fechas. La comisión ejecutiva que aprobó las bases del concurso se celebró el 8 de noviembre de 2005 y dos días después se produjo el intercambio de correos entre Bustamante y la ex secretaria de Fernando Mellet, Regla Pereira, imputada en la investigación por el supuesto cobro de comisiones, que la Policía Judicial halló en la base de datos de la Gerencia de Urbanismo y que no estaba en su ordenador. El 30 de noviembre se aprobó en el consejo de administración y el 15 de diciembre en el Pleno, con los votos favorables de todos los grupos y con varios informes jurídicos.


Según las declaraciones de los testigos e imputados, tres cláusulas generaron un debate interno entre los técnicos y la ejecutiva de Mercasevilla. Son las mismas que llevan a la juez a ver una adjudicación predeterminada a Sando y delitos de prevaricación y maquinación; y las mismas que los agentes buscan en los correos electrónicos que han registrado en la Gerencia.


La cláusula que ha centrado hasta ahora buena parte de las declaraciones ha sido la que limitaba las ofertas excesivamente altas. Si una propuesta económica superaba en diez puntos la media aritmética de las otras ofertas recibía una puntuación nula en ese aspecto e incluso, según algunas de las declaraciones, se estudió que hubiera una puntuación negativa. Eso fue en detrimento de Noga frente a Sando, ya que la primera rebasó en 50 millones a la segunda. Para la juez es un criterio ilegal y antieconómico. Para las defensas, simplemente respondía a un interés de evitar la especulación y garantizar el precio posterior de las VPO. Este argumento lo avalan pliegos de concursos públicos de Epsa o la propia Gerencia que establecían esta misma limitación al alza.


Pero hay otros dos baremos que la juez considera injustos tanto en su establecimiento como en sus puntuaciones. De hecho, como la magistrada resume en una de sus preguntas, con puntuarlas adecuadamente, Noga hubiera ganado a Sando.


La primera es la cláusula de titularidad previa, por la que se concedieron siete puntos a Sando debido al derecho adquirido tras la rescisión de un contrato que tenía la empresa Larena 98. Era la única sociedad que podía obtener esta ventaja en el pliego. La segunda es la oferta social, en la que la juez ve un trato injusto para Noga. Ésta ofrecía la cesión de dos locales de 250 metros cuadrados y preferencia para la plantilla de Mercasevilla para acceder a VPO. Sando, por su parte, ofrecía 30.000 euros en cinco años pagados a la fundación -se abonaron en dos ejercicios- y la realización de unos cursos de 96.000 euros que no se llegaron a llevar a cabo.


La juez busca en esos correos quién determinó estas puntuaciones y estas cláusulas, que luego todos los partidos aprobaron.

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